28 de noviembre de 2019 00:00

10 propuestas sobre pensiones vitalicias

La Comisión de Derechos de los Trabajadores, que encabeza Karina Arteaga (AP), tramita el proyecto. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La Comisión de Derechos de los Trabajadores, que encabeza Karina Arteaga (AP), tramita el proyecto. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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El número de propuestas para modificar o eliminar el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios va en aumento en la Asamblea Nacional.

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores ya acumula siete proyectos en poco más de dos años, sin que hasta ahora existan los consensos para el trámite.

La cifra aumentará a 10, cuando el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) califique otras dos propuestas que han sido presentadas en el último trimestre, de iniciativa parlamentaria, y una más impulsada desde un colectivo ciudadano que en julio pasado llevó el documento con 60 000 firmas de respaldo.

Todos apuntan hacia los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que permiten el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

La oficialista Karina Arteaga, presidenta de la Comisión, anunció que propondrá que el CAL se encargue de unificar estos proyectos en vista de que hay “vacíos en la ley” que le impiden hacerlo por su cuenta.

Los proponentes, de casi todas las tiendas políticas, creen que el proceso avanza lentamente. Este miércoles 27 de noviembre del 2019 estaba convocada la Comisión para definir un mecanismo para unificar este proyecto, pero no hubo quórum.

De los tres asambleístas del correísmo que forman parte de la comisión, la única que estuvo fue Marcela Holguín, pero se retiró en vista de que en la sala, casi una hora después de la convocatoria, solo estaban cuatro de sus 12 integrantes.

Arteaga optó por recibir en comisión general a la exasambleísta Ana Galarza, una de las proponentes. Ella se encargó de explicar a la mesa el contenido de su proyecto, que había ingresado a la Asamblea hace un año, antes de ser destituida de su curul por un proceso disciplinario.

El legislador independiente Eliseo Azuero también tenía previsto comparecer en la Comisión , pero en la mesa se repitió el mismo problema que durante los últimos casi cinco meses le impidió sesionar por disputas internas entre sus integrantes y, por tanto, avanzar con el tratamiento de este y otros proyectos.

Las propuestas son variadas, siendo las más radicales las de los asambleístas Absalón Campoverde y Henry Moreno, de Creo, y la del colectivo que lidera Joba Fon Fay (excandidata al Consejo de Participación), quienes apuestan por la eliminación total de ese beneficio.

Las otras apuntan a que se excluya del pago de pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República, a quienes no terminen su período, que su mandato sea revocado, que tengan sentencia condenatoria o que sean reelegidos.

De ese modo, Galarza espera que no se reediten casos como el del exvicepresidente Jorge Glas, quien sigue percibiendo una pensión a pesar de haber sido condenado por corrupción.

La Losep establece una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración vigente para los presidentes y vicepresidentes, luego de que terminen su período.

Otro de los proponentes es Freddy Alarcón, del Bloque de Acción Democrática Independiente (Badi), quien tiene listo un proyecto de resolución para exhortar al Ejecutivo que se suspenda la entrega de ese beneficio a parientes de los exmandatarios.

De acuerdo con información proporcionada a la Comisión por el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, en el caso del expresidente Rafael Correa la pensión (USD 4 226) la recibe su hermana Pierina Correa. Ella ha señalado que con eso se costean los gastos para abogados del exmandatario por los procesos legales que enfrenta.

Hace una semana, el presidente Lenín Moreno dispuso que se reintegre al Presupuesto General del Estado la pensión que él recibía en calidad de exvicepresidente.

Sin embargo, César Litardo (AP), presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que este asunto no le corresponde resolver al Parlamento. Se mostró partidario de analizar este beneficio, sobre todo en los “casos de exmandatarios que tienen problemas legales o han huido del país”.

*Datos actualizados hasta octubre del 2018

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