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Propietario de restaurante donde hubo una explosión ya tuvo una sanción administrativa por almacenamiento indebido de gas

Imágenes del ECU 911 de la explosión del restaurante en el norte de Quito. Captura

Imágenes del ECU 911 de la explosión del restaurante en el norte de Quito. Captura

Lin S., el propietario del restauarante en el que se produjo una deflagración de gas que dejó dos fallecidos y 11 heridos, ya tuvo una sanción administrativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).

Así lo señaló la Fiscal Provincial Thania Moreno a través de una rueda de prensa efectuada este martes, 26 de diciembre de 2017. “El detenido ya tenía antecedentes en el tema hidrocarburífero”, sostuvo Moreno.

En la página web de la Policía existe un reporte que data de enero del 2014, en el que se describe la incautación de 52 cilindros de gas de uso doméstico del mismo restaurante en el que se produjo la deflagración, ubicado en el norte de Quito. Este fue uno de los elementos que se analizó para determinar las medidas cautelares.

La Fiscalía confirmó que se dispuso la prisión preventiva para Lin S., además de la retención de las cuentas del detenido y de la persona jurídica del restaurante por los delitos de almacenamiento indebido de GLP y homicidio culposo. Dentro de las medidas cautelares también se determinó la clausura del local.

Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos, ratificó que en el segundo piso del restaurante se instaló una central clandestina de gas de uso doméstico, que se adecuó entre las bodegas de víveres y licores. Agregó que las tomas fueron embebidas a lo largo de la segunda planta y que era imposible su detección durante las inspecciones.

Sandra Rocillo, fiscal de Flagrancias que despachó el caso, dijo que se dictaron esas medidas cautelares en base al informe del Cuerpo de Bomberos, que sostiene que la deflagración se produjo por la fuga de gas en la centralita clandestina, por acciones inseguras practicadas en las instalaciones.

Agregó que se presentaron siete denuncias de examenes médicos por parte de personas que estarán incapacitadas de trabajar por 30 días. Y tres denuncias por daños materiales a vehículos.

La Fiscalía solicitará la reparación integral de los daños y se anunció que, al existir un concurso real de infracciones, las penas se pueden acumular. Moreno agregó que hay un agravante, debido a los dos fallecidos.