12 de diciembre de 2019 19:17

Familiares de Paúl, Javier y Efraín hicieron un primer pronunciamiento sobre el informe de la CIDH

Familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO que fue secuestrado en Mataje y asesinado en Colombia se pronunciaron este 12 de diciembre del 2019, luego de que se presentó el informe de la CIDH sobre el caso. Foto: cortesía Nos Faltan Tres.

Familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO que fue secuestrado en Mataje y asesinado en Colombia se pronunciaron este 12 de diciembre del 2019, luego de que se presentó el informe de la CIDH sobre el caso. Foto: cortesía Nos Faltan Tres.

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Redacción El Comercio

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Como importante e histórico calificó Ricardo Rivas Bravo, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, al informe presentado por el Equipo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este jueves 12 de diciembre del 2019, en Washington.

Señaló que este documento genera un precedente para que en la región se combata la impunidad en crímenes como los perpetrados en contra de su hermano y del periodista Javier Ortega Reyes y el conductor Efraín Segarra Abril, entre marzo y abril del 2018.

Rivas agregó que es valioso que se señalen temas como la falta de trabajo coordinado entre las fiscalías de Ecuador y Colombia para compartir información valiosa que permita llegar a la verdad de los hechos. Además, valoró que la Comisión, a través de su presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se haya comprometido a dar un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que hace el ESE a ambos estados.

En un documento enviado por los familiares de Paúl, Javier y Efraín, se cita a Juan Pablo Albán, parte del equipo jurídico que representa a las víctimas, señalando que este informe “puede constituir un importante insumo para avanzar hacia el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y la identificación y la sanción de los responsables en todos los niveles, tanto particulares como agentes estatales, aún queda un camino por recorrer para alcanzar la verdad, justicia y reparación a las que tienen derecho las familias”.


Ese documento también menciona que en el informe se destaca que “las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales en la frontera con Colombia. Aunque luego del atentado con un coche bomba en la localidad de San Lorenzo, ocurrido el 27 de enero de 2018, el Estado ecuatoriano desplegó un Mando Único en la provincia de Esmeraldas, el ESE identificó que, en la práctica, se presentaron aparentes descoordinaciones que llevaron al debilitamiento de la seguridad en la zona”.

Los familiares también destacan que el ESE observó que el Estado ecuatoriano debe examinar, en el marco de la legislación nacional, cuál es el efecto de las descoordinaciones y omisiones que se señalan dentro del informe. Una de ellas, es la que permitió que el fotógrafo, el reportero y el conductor de este Diario ingresaran a Mataje con conocimiento y autorización de la autoridad militar responsable de la zona. “Según el ESE, la descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra”, dice el documento.

Los familiares también reclaman que todavía no se haya cumplido el “ofrecimiento público del presidente Lenin Moreno sobre la desclasificación de la información del Consejo de Seguridad Pública, las autoridades pertinentes no lo hayan llevado a cabo. No existe ningún indicio de que la información entregada haya tenido carácter de desclasificado”.

Los familiares solicitaron a la CIDH que se mantengan las medidas cautelares que se emitieron a favor de sus seres queridos el 12 de abril de 2018 pues “ambos estados han faltado al cumplimiento de la medida cautelar que establece la entrega de toda la información de las acciones realizadas por los países para garantizar la vida de Paúl, Javier y Efraín. El pedido se sustenta también en que un año y ocho meses después de ocurridos los hechos no existe un mecanismo de cooperación formal entre las fiscalías de los dos países, pese a los reiterados ofrecimientos de las autoridades”.

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