Jaime Grijalva (muestra documentos en la mesa derecha) intervino en uso de la silla vacía de la Comisión de Salud del Concejo de Quito, el jueves. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El 7 de septiembre del 2017, Marcelo Espinel no disponía de una silla para sentarse en el Concejo Metropolitano de Quito. Esa fue la primera vez que un ciudadano usaba el recurso de la silla vacía. El mecanismo le permitió tener voz y voto en la elaboración de una Ordenanza en el Municipio.
“El prosecretario del Concejo de ese entonces, Jaime Morán, se levantó para cederme su asiento. Eso demostró que, aunque se había pensado en lo normativo, en esa oportunidad no se contempló ni siquiera la infraestructura”, recordó.
Espinel es uno de los 25 ciudadanos que han ocupado la silla vacía en el Concejo Metropolitano de Quito.
Diego Cevallos, exsecretario del Municipio durante el periodo de Mauricio Rodas, recordó que la capital cuenta con la Ordenanza para implementar este mecanismo desde el 3 de marzo del 2016.
Durante su primer año de vigencia no hubo solicitudes de aplicación. Cevallos explicó que los primeros pedidos arribaron a partir de abril del 2017.
En total, durante el período de Rodas, 19 personas usaron este instrumento.
Carlos Alomoto, secretario de la actual administración municipal, indicó que desde el 15 de mayo pasado fueron acreditados otros seis ciudadanos, quienes representan a organizaciones sociales.
En Guayaquil, la normativa que regula el Sistema de Participación Ciudadana, en donde se contempla la silla vacía, se aprobó en octubre del 2011. Desde entonces se ha utilizado en dos ocasiones.
El primer caso se dio en el 2013. Alfredo Carrasco, de la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos de Guayaquil, participó en una exposición ante el Cabildo. Pese a que la Constitución establece que quienes opten por este mecanismo tienen voz y voto, el ciudadano no pudo hacer uso del segundo derecho.
La silla vacía se configuró a raíz de la Constitución del 2008. La iniciativa está normada por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), aprobado en el 2010. Y también por la Ley de Participación Ciudadana, vigente desde febrero del 2010.
Ambas establecen directrices generales sobre su implementación. Por ejemplo, quien participe tiene derecho al voto y está sujeto a responsabilidades administrativas, civiles y penales. También se determina que este mecanismo se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado (GAD).
En los 11 años que tiene esta iniciativa, el 95% de los 221 cantones del país tiene la Ordenanza que regula su procedimiento. Los datos los entregó la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
Ibeth Estupiñán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), reconoció que este recurso aún no es muy utilizado en los GAD. El Cpccs recopila la información sobre su aplicación, con base en la rendición de cuentas de los municipios.
Durante el 2016, apenas se utilizó 83 veces. Esa cifra ascendió a 93 en el 2017. El registro del 2018 todavía no está consolidado.
Estupiñán explicó que la silla vacía puede ocuparse en tres niveles de gobierno: juntas parroquiales, municipios y prefecturas. En total, suman
1 300 instancias aplicables.
Jaime Grijalva es parte de la Fundación Fraternidad Veterinaria. El jueves 19 de septiembre del 2019 participó por primera vez en la silla vacía, en la Comisión de Salud del Municipio quiteño.
Su organización participa en la discusión de una Ordenanza sobre la fauna urbana en la capital. El pedido para ser parte del debate lo ingresaron el 6 de septiembre pasado. “Hicimos los trámites correspondientes para que se establezcan las actas. Me nombraron representante para la silla y reunimos los requisitos”, mencionó.
Grijalva cree que para usar este mecanismo es necesario que los municipios informen de mejor manera las ordenanzas que se discuten en sus respectivos concejos.
Con ello coincide Espinel. A su criterio, el reglamento para el uso de la silla vacía debe complementarse con un sistema de gobierno abierto. Considera que los GAD deberían establecer mecanismos para que la ciudadanía acceda a las normas que se debaten.
Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, cree que además de la promoción es necesario retomar el sentido original del mecanismo. El hecho de que una persona tenga voto -agregó- puede ser un freno para su aplicación en ciertos municipios. “Un voto puede inclinar la balanza en un determinado tema”, subrayó.
Los requisitos para tramitar la iniciativa en Quito
Pueden acceder representantes de organizaciones sociales de hecho y también de derecho.
Una limitante es ser funcionario público, en un cargo relacionado con el tema que se va a tratar.
Las solicitudes se presentan antes de la aprobación del informe de la comisión para primer debate.
Los proyectos que tramitan el Municipio se consultan en www.gobiernoabierto.quito.gob.ec.
Solamente organizaciones domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito pueden participar.
El trámite se lo debe realizar ante la Secretaría General del Concejo, ubicada en el Centro Histórico.