25 de agosto de 2020 13:27

Procuraduría General de Colombia cuestiona la liberación de dos procesados por el asesinato del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO

En esa lista se incluyen los nombres de Juan Javier Ortega Reyes y Paúl Giovanni Rivas Bravo, miembros del equipo periodístico de este Diario

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de este Diario, fue secuestrado y asesinado en el 2018. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Fernando Medina

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La Procuraduría General de Colombia se pronunció este martes, 25 de agosto de 2020, sobre la liberación de dos procesados por el asesinato del equipo periodista de Diario EL COMERCIO.

El ente oficial cuestionó que “por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal de Tumaco (Nariño)”, se haya dejado en libertad a Gustavo Alfonso Ospina y Gustavo Angulo Arboleda.

Ellos fueron detenidos por el crimen de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de este Diario que fue secuestrado y asesinado en el 2018.

La Procuraduría señaló que en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas detenidas en diferentes casos fueron liberadas por vencimiento de términos de plazos judiciales.

“El Ministerio Público evidenció que el juzgado, el único en el puerto que conoce procesos contra personas privadas de la libertad (PPL), realizó 154 audiencias por vencimiento de términos, de las cuales en un 70% fue concedida la libertad a los procesados, algunos de los cuales están sindicados de los homicidios de líderes y lideresas de Nariño”.

Según el comunicado de la Procuraduría, la personas que han sido liberadas estaban procesados por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, agresiones sexuales y porte ilegal de armas.

En el caso de los periodistas de EL COMERCIO, los sospechosos quedaron en libertad en junio y agosto pasado por “cumplirse el término legal para que se iniciara la audiencia preparatoria de juicio”.

Por eso, el ente oficial dice que “las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna”.

La Procuraduría de Colombia expresó su “preocupación” porque las audiencias son programadas con un espacio de hasta siete meses.

Señala que se está “desconociendo” los principios de celeridad y oportunidad en los procesos penales.

El Ministerio Público ha pedido para que se nombre un juez más para que los procesos sean más ágiles.

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