30 de julio de 2018 21:20

Procuraduría brasileña rechaza desalojo de 5 000 indios de tierras reclamadas

Imagen referencial. El presidente de Brasil, Michel Temer, participa en un almuerzo con empresarios. Foto: EFE

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Agencia EFE

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La Procuraduría brasileña le pidió hoy, lunes 30 de julio, a la Corte Suprema que revoque la decisión de un juez de primera instancia que autorizó el desalojo de cerca de 5 000 indios de la etnia Guaraní-Kaiowá de una hacienda que ocuparon en el 2014 en el sudoeste de Brasil y que reivindican como territorio ancestral.

La tierra en disputa es la hacienda Nossa Senhora Aparecida, en jurisdicción de Caarapó, municipio de Mato Grosso do Sul, estado fronterizo con Paraguay y Bolivia, que los indios ocuparon en el 2014 luego de que el Gobierno anunciara su intención de convertirla en reserva indígena e iniciara el proceso para delimitarla.

En la petición enviada este lunes 30 al Supremo Tribunal Federal (STF), el Ministerio Público alega que la sentencia judicial de desalojo ordenada por el juzgado primero de la ciudad de Dourados viola una decisión de la propia Corte Suprema.

"La orden del juez de primera instancia, que fijó el 20 de julio como plazo final para que los indios abandonen voluntariamente el área, está en desacuerdo con una cautelar de 2016 firmada por el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levandowski, y que impide el desalojo hasta que el mérito del asunto sea juzgado por ese tribunal, lo que aún no ocurrió", explicó el Ministerio Público en un comunicado.

La Procuraduría, por lo mismo, pide la revocación inmediata de la orden de desalojo.

Según el Ministerio Público, los estudios preliminares de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) indican que el territorio en disputa forma parte de las áreas de "ocupación tradicional" de los Guaraní-Kaiowá, específicamente de los indios de la comunidad TeiyJusu.

El organismo alertó sobre el riesgo de un conflicto en la región debido a que los indios se niegan a abandonar tierras que claman como suyas y a que la Policía fue autorizada a usar la fuerza para cumplir la orden de desalojo.

Según el Ministerio Público, la suspensión del desalojo funcionaría como una medida de "pacificación social".

La procuradora general de la República, Raquel Dodge, recordó en el documento que envió a la Corte Suprema que es la segunda vez que el juzgado de primera instancia dicta una sentencia que viola instrucciones del Supremo con el objetivo de favorecer a los hacendados que se dicen propietarios de las tierras.

"Las recientes decisiones de la presidencia de la Corte Suprema exponen la persistencia de un escenario de conflicto en la región y sirven de fundamento a la petición de que sea determinada con urgencia una medida que garantice la permanencia de la comunidad indígena en el lugar", aseguró Dodge en su petición.

La Guaraní-Kaiowá, una de las etnias más numerosas en el sur de Brasil, es también una de las que más enfrenta conflictos por sus tierras, lo que ha provocado que su población tenga índices récord de suicidios y altos niveles de alcoholismo, drogadicción y homicidios.

De acuerdo con los datos del Ministerio Público, mientras que la tasa de homicidios en Brasil entre 2012 y 2014 fue de 29,2 casos por cada 100 000 habitantes, esa tasa entre los indios del estado de Mato Grosso do Sul salta a 55,9 por cada 100 000 habitantes.

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