17 de September de 2009 00:00

La Procuraduría analiza qué acción tomar en caso Chevron

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Redacción Sociedad

Junto con con sus abogados, la Procuraduría General del Estado todavía analiza la posibilidad de iniciar un proceso legal contra Chevron en Estados Unidos. Eso lo anunció ayer el procurador Diego García.

La Fiscalía General pidió la semana pasada a la Procuraduría que abra una acción legal en contra de la petrolera estadounidense “ante la posible violación de la Ley Federal contra prácticas de acciones corruptas” que rige en ese país desde 1977.

Esto porque Chevron colocó en Internet videos sobre reuniones, en las cuales se fraguaba un supuesto soborno. En dos de ellos, hechos sin autorización, aparece el juez Juan Núñez, responsable de llevar el juicio contra la petrolera en Nueva Loja por daños ambientales.

García indicó que a partir de que Thomas F. Cullen, abogado de Chevron, envió videos y cartas a la Fiscalía, la Procuraduría empezó un seguimiento. “Nos dirigimos al denunciante para que nos envíe los videos completos e información adicional que nos permita una investigación objetiva de los hechos”.

El Procurador indicó que se debe analizar detenidamente el pedido del Fiscal de acuerdo con las legislaciones de EE.UU. y de Ecuador para determinar qué acción tomar. Pero no fijó fechas para la decisión.

Insistió en que a la Procuraduría le interesa que “quede claro que en Ecuador rige un Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la independencia de la Función Judicial y la no participación de las demás instituciones en las decisiones que esta tome”.

García enfatizó que para “el Estado ecuatoriano es importante hacer respetar sus derechos y no verse afectado por las actuaciones de una empresa extranjera. La posibilidad de iniciar acciones contra Chevron no se opone a la necesidad de investigar las denuncias hechas por esta empresa. Junto al resto de instituciones se hará un seguimiento, según la Constitución”.

Unos 30 000 pobladores de la Amazonia ecuatoriana, entre ellos indígenas, demandaron hace 10 años a la compañía por ocasionar daños ambientales durante sus operaciones entre 1964 y 1990.

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