21 de octubre de 2020 15:24

'El BID no es una institución financiera internacional', sostiene el Procurador de Ecuador

Íñigo Salvador, procurador de Ecuador, aseguró que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no considera al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una institución financiera internacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Íñigo Salvador, procurador de Ecuador, aseguró que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no considera al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una institución financiera internacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Roger Velez

El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no es considerado como una institución financiera internacional por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Su respuesta se dio ante una consulta del canciller, Luis Gallegos, en momentos que coinciden cuando el exministro de Finanzas, Richard Martínez, podría ser designado como funcionario de ese organismo.

“De cuanto se ha expuesto, en mi criterio, el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución financiera internacional en los términos definidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente, en los artículos 178 y siguientes del Código Monetario y Financiero”, indica el Procurador en la respuesta oficial con fecha 20 de octubre de 2020.

“El Banco Interamericano es, a semejanza de los organismos creados en Bretton Woods –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento– una ‘organización interestatal’ u ‘organismo internacional’, y como tal sujeto de derecho internacional, creado por los Estados mediante un tratado constitutivo, en el que participa el Ecuador como Estado miembro bajo el derecho internacional, y, por tanto dicho Banco, no realiza las actividades financieras reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero ecuatoriano”, añade.

La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó debate en el país, pues el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

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