La madrugada del miércoles 3 de junio del 2020, agentes de la Fiscalía realizaron allanamientos en las viviendas de distintos funcionarios de la Epmaps, investigados por su supuesta participación en el delito de peculado. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador
Nueve funcionarios del Municipio de Quito que laboraban en la Secretaría de Salud y de la Empresa Pública Metropolitana del Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) son sospechosos de peculado.
En la Fiscalía de Pichincha se abrieron dos expedientes sobre las supuestas
irregularidades cometidas durante los procesos de compra de insumos para enfrentar la pandemia del covid-19.
El primer caso es por las adquisiciones de pruebas PCR por parte de la Secretaría de Salud. El contrato, por USD 3,4 millones, fue adjudicado a Salumed S.A. Según la denuncia, la Comisión Técnica recomendó firmar con la compañía que hizo la oferta más cara.
El pasado 27 de mayo, la Policía allanó la Secretaría de Salud y la casa de su titular, Lenin Mantilla. Este día, los uniformados recogieron documentos como contratos, ofertas y computadoras como evidencias.
A partir de ahí, el caso se encuentra en investigación reservada y hasta el jueves 4 de junio del 2020, la Fiscalía no ha pedido fecha para procesar a ninguna persona.
El segundo expediente abierto es por la compra de equipos de protección para los funcionarios de la Empresa Metropolitana del Agua (Epmaps). El miércoles 3 de junio, la Policía allanó la entidad municipal y detuvo al gerente, Guido Andrade, y a otras cuatro funcionarios.
En la audiencia de formulación de cargos, la jueza Elba Méndez ordenó la prisión preventiva de tres sospechosos y para dos dictaminó medidas alternativas a la cárcel.
Entre las evidencias están los informes de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de la Aduana.
En los documentos se señalan anomalías en los productos adquiridos por USD 167 920 a la empresa Silverti. El miércoles 3 de junio, la jueza ordenó abrir la instrucción fiscal o fase de investigación pública por 90 días.