28 de septiembre de 2020 00:00

Seis procesos de control político se acumulan en la Asamblea

Foto referencial. La Asamblea Nacional analiza modificar la capacidad que tiene el Ejecutivo para vetar leyes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente del Cpccs deberá acudir hoy a la Comisión de Fiscalización. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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La etapa de pruebas en el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Christian Cruz, concluye esta semana. Además de este proceso, hay otras cinco causas que la Asamblea decidió investigar.

Cruz deberá acudir este lunes 28 de septiembre del 2020 a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para presentar sus descargos. El asambleísta Henry Kronfle (PSC) lo acusa de falta de probidad, tras denunciar supuestas irregularidades en la obtención y uso del carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva.

Se trata del primer proceso que tramita esta mesa desde que fue reestructurada el 16 de septiembre pasado. Su presidente Elio Peña (PK) anunció que el informe estará listo hasta el 4 de octubre, aunque podrán acogerse a una prórroga de 5 días.

“Nosotros estamos legislando en el marco de que todo control político que se procese en una comisión, sea con informe favorable o no, vaya al Pleno para que allí lo conozcan y finalmente se tome la mejor decisión”, dijo.

Después, la Comisión deberá tramitar otros pedidos de interpelación contra los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Finanzas, Richard Martínez, por supuestos incumplimientos de funciones.

Pero hay otros procesos pendientes, como la resolución que aprobó el Pleno el 9 de abril pasado con 107 votos para llevar a juicio político a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, por supuestas irregularidades en el manejo de la emergencia sanitaria. Esto no se han concretado hasta el momento.

Tampoco arrojan resultados hasta ahora las investigaciones sobre el uso indebido de los carnés para personas con discapacidad y la relacionada con la presencia de una flota de 300 buques chinos cerca a Galápagos.

El primer caso está a cargo de la Comisión de Salud desde el 14 de julio pasado, por disposición del Pleno, tras las denuncias de entrega fraudulenta de los carnés para la importación de vehículos y exoneraciones tributarias.

La meta inicial era entregar un informe hasta el 21 de agosto pasado, después de una serie de comparecencias de autoridades como el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien reveló que más de 2 000 documentos de este tipo se entregaron de manera irregular.

Han transcurrido 76 días y aún no están listas las conclusiones y recomendaciones, pese a que el informe borrador reposa en la mesa desde hace dos semanas.

El asambleísta Ángel Sinmaleza (exSuma), uno de los integrantes de la Comisión, considera que Zevallos aportó con poca información. Sostiene que tres de los asambleístas que cuentan con un carné “justificaron plenamente, excepto Fabricio Villamar”.

Villamar ofreció a los comisionados entregar por escrito informes que él solicitó al Ministerio de Salud sobre su discapacidad auditiva, pero hasta ahora no se concreta. Para Sinmaleza, esto requiere una sanción ética.

En relación a la presencia de buques chinos cerca a Galápagos, el 4 de agosto pasado el Pleno le dio 45 días a la Comisión de Relaciones Internacionales para que se encargara de las investigaciones y entregara un informe.

El plazo venció el pasado viernes 18 de septiembre y la mesa solicitó una prórroga. Las embarcaciones generaron preocupación en grupos de conservación ambiental y otros sectores. La Armada informó la semana pasada que las embarcaciones ya se retiraron de las costas.

El presidente de la mesa, Fernando Flores (Creo), dice que el proceso podría derivar en un llamado de atención y orientaciones al Ejecutivo por no reclamar a tiempo a China para que las embargaciones se alejen .

Flores recordó que esta Comisión también investigó la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos en una plataforma web, que se denunció hace un año, pero dijo que el informe reposa desde hace cuatro meses en la Presidencia de la Asamblea y no llega al Pleno para emitir una resolución.

A nivel interno, las resoluciones de las investigaciones a Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, procesados por supuesta delincuencia organizada, llegaron después de que ellos renunciaran. El expediente de Azuero, quien dejó la Asamblea el 9 de septiembre, recién será conocido mañana por el Pleno.

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