16 procesos de arbitraje activos en contra del Estado ecuatoriano

La Procuraduría General del Estado informó este domingo 24 de julio, a través de un comunicado, que iniciará acciones de repetición por pago a Chevron, contra los jueces y servidores judiciales. Foto: Cuenta Flickr de la Procuraduría General del Estado

La Procuraduría General del Estado informó este domingo 24 de julio, a través de un comunicado, que iniciará acciones de repetición por pago a Chevron, contra los jueces y servidores judiciales. Foto: Cuenta Flickr de la Procuraduría General del Estado

La PGE señaló, en su Informe de Gestión de enero del 2018, que según el Tribunal Arbitral internacional que conoció el arbitraje del caso que impulsa EcuadorTLC el país incumplió con los contratos modificatorios suscritos con la excontratista, porque no siguió ni concluyó el procedimiento pactado para su liquidación. Foto: Flickr de la Procuraduría General del Estado

El Estado ecuatoriano tiene 16 procesos legales activos en su contra. Entre estos se encuentra el caso que impulsa EcuadorTLC, que fue resuelto a favor de la firma privada el 17 de enero del 2018.

Según el Tribunal Arbitral internacional, que conoció este arbitraje comercial, Ecuador incumplió con los contratos modificatorios suscritos con la excontratista, porque no siguió ni concluyó el procedimiento pactado para su liquidación, señaló la Procuraduría General del Estado (PGE) en su Informe de Gestión de enero del presente año.

Este consorcio, conformado por EcuadorTLC (cuyos accionistas eran Petrobras Argentina S.A. y Petrobras Energía Ecuador, según la Superintendencia de Compañías), Cayman International y Teikoku Oil Ecuador, operó en el bloque petrolero 18 de la Amazonía y el campo unificado Palo Azul hasta noviembre del 2010.

Petrobras y sus socias entregaron sus campos a la empresa estatal Petroamazonas, en enero del 2011, y entraron en una etapa de negociación para la liquidación de su contrato.

Esto se produjo luego de que la Asamblea aprobara, a mediados del 2010, una reforma a la Ley de Hidrocarburos con la cual se estableció un plazo para renegociar los contratos petroleros. Esta negociación consistía en pasar de la figura de participación a otra de prestación de servicios, en la que se pagaba una tarifa fija por cada barril extraído.

Las empresas que no llegaron a un acuerdo con el Gobierno para cambiar sus contratos tuvieron que negociar con la Secretaría de Hidrocarburos la liquidación de sus inversiones no amortizadas.

Entre ellas estuvo EcuadorTLC, pero al no alcanzar un consenso con el Estado ecuatoriano, el 26 de febrero del 2014 inició un arbitraje internacional en contra de la República del Ecuador.

Casi cuatro años después, el 17 de enero de este año, el Tribunal Arbitral internacional dictó su laudo y determinó que el Ecuador debe pagar USD 515,7 millones por concepto de liquidación del contrato del bloque 18 y del campo unificado Palo Azul. Sin embargo, a este valor se deberán descontar USD 644 312,62.

Este último monto fue reconocido a favor del Estado por la incompleta reversión de los bienes y por la sobreexportación de crudo que realizó la compañía privada. El Tribunal determinó, además, que este valor se deberá distribuir entre cada uno de los miembros del consorcio acorde con sus porcentajes de participación.

La PGE se encuentra analizando la posibilidad de demandar la anulación del laudo en la justicia ordinaria chilena, sede del arbitraje.

Este Diario consultó a la entidad los detalles de esta acción, pero hasta el cierre de esta edición no se remitieron las respuestas.

Aparte de este caso, Ecuador tiene 15 procesos activos en cortes internacionales. Estos representan, en total -incluido EcuadorTLC- un valor de USD 2 361,3 millones en reclamos.

Entre abril del 2008 y enero del 2018, Ecuador fue demandado por un valor total de USD 14 772 millones. Pero el Estado ha evitado el pago de 10 745 millones.

El mayor número de casos corresponde a los sectores hidrocarburífero, eléctrico, comercial, patrimonio cultural, en ese orden. El resto son controversias relativas a: deuda, minería, banca, Comunidad Andina, construcción, telecomunicaciones, propiedad intelectual y otros, refirió la PGE en su Informe de Gestión.

Los procesos del sector petrolero que más atención concitaron fueron Oxy, Chevron, Burlington, Perenco y EcuadorTLC.

Estos casos que se han ventilado en cortes internacionales han significado “pérdidas millonarias” para el Estado, debido a la estrategia “errada” del anterior Gobierno de expulsar a varias compañías petroleras, mencionó Fernando Santos, exministro de Energía.

Por su parte, Walter Spurrier, analista económico, expresó que para cubrir este tipo de contingentes, que luego se convierten en deuda, Ecuador se ha visto obligado a recurrir a emisión de bonos, porque no tiene los recursos necesarios.

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