Tres de 14 procesados en el caso de las pruebas covid-19 para Quito piden que se declare nulo el proceso penal por presunto peculado

A las 11:46, y tras las intervenciones de los participantes, el juez declaró un receso. Foto: @FiscaliaEcuador

A las 11:46, y tras las intervenciones de los participantes, el juez declaró un receso. Foto: @FiscaliaEcuador

A las 11:46, y tras las intervenciones de los participantes, el juez declaró un receso. Foto: @FiscaliaEcuador

El juez Vladimir Jhaya, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, instaló a las 09:54 de este lunes 26 de abril del 2021, la audiencia preparatoria de juicio. En esta diligencia se resolverá si 14 procesados, incluido el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por el presunto peculado en la compra de pruebas covid-19 por parte de la Secretaría de Salud, serán llamados o no a juicio.

Tras la decisión del juez de instalar la audiencia, los abogados tuvieron la oportunidad de señalar supuestos vicios de nulidad al proceso. Juan Pablo Albán, abogado de Yunda, no consideró que hubo “vicios formales en lo actuado” que hayan generado indefensión. Sin embargo, protestó por “una serie de circunstancias sospechosas”. Por ejemplo, dijo que hubo restricciones para acceder al expediente o de encontrar divulgación en la prensa sobre elementos que deberían estar bajo reserva.

De los 14 procesados, los abogados de Linda Guamán, asesora técnica; de Ximena Abarca, actual Secretaria de Salud; y de Diego Salazar, funcionario de la Secretaría de Salud del Municipio, pidieron que se declare la nulidad del proceso.

En el caso de Salazar, su abogada Alejandra Apolo, indicó que su cliente fue imputado con “un elemento que tiene error”. Se refirió al informe de la Contraloría sobre la compra de las pruebas covid-19 que estableció indicios de responsabilidad penal y que había procesado a un homónimo. Por lo que su cliente no habría presentado descargos. “Esto generó su indefensión”.

María Dolores Miño, abogada de Guamán, en cambio, presentó tres causas de nulidad, pues dijo que durante la instrucción fiscal no se realizó el peritaje técnico que buscaba “identificar un conflicto de intereses” por parte de la universidad que emitió un informe sobre la falta de eficacia de las pruebas covid-19.

También señaló que no se cumplió con un peritaje antropológico que buscaba demostrar la necesidad de hacer los test en el momento más difícil de la pandemia.

Indicó que no se incorporaron al proceso las transcripciones de las presentaciones que hizo su defendida en las sesiones del Concejo para aclarar que jamás se ocultó información sobre las pruebas. “El no contar con ese elemento de descargo podría influir negativamente en la decisión del juez”.

Nicolás Salazar
, quien defiende a la secretaria de Salud, Ximena Abarca, se refirió a los allanamientos realizados a las oficinas de la Secretaría de Salud. A su criterio se “ha usado de manera abusiva de esta figura”.

Añadió que algunos operativos se hicieron antes de la etapa de indagación previa y que en el cuarto allanamiento no hubo una motivación de parte del juez que dio paso al ingreso de los agentes.

El fiscal del caso, Alberto Santillán señaló que no existieron nulidades y pidió al juez que se declare válido todo lo actuado. Sobre Salazar dijo que la defensa tuvo total acceso al proceso. En el caso de Guamán, el fiscal indicó que parte de los pedidos para practicar pericias se hicieron en el último día de la instrucción fiscal, pero pese a eso se dio trámite. Y sobre Abarca indicó que “todos los allanamientos fueron ordenados por autoridad competente”.

Durante la intervención del fiscal, la conexión de Internet con la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se interrumpió. Luego de 10 minutos los técnicos arreglaron el problema y se continuó con la audiencia telemática. A las 11:46, y tras las intervenciones de los participantes, el juez declaró un receso.