24 de agosto de 2019 00:00

Cuatro procesados en caso Sobornos violaron orden legal

La fiscal, Diana Salazar (centro), imputó a 22 personas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El 7 y 8 de agosto, la Fiscalía logró la vinculación de 22 personas en el caso Sobornos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Debían presentarse ante un juez y no lo hicieron. El pasado 8 de agosto, la jueza Daniella Camacho dispuso que 17 procesados por el caso Sobornos se reportasen periódicamente en las oficinas judiciales, pero cuatro de ellos incumplieron la orden.

Según la Fiscalía General, ellos son Francisco Noboa, Bolívar Napoleón Sánchez, William Phillips y Mateo Choi.

Por eso, la entidad pidió a la jueza Camacho que fijara fecha para una audiencia en la que se revisen las medidas aplicadas a los cuatro inicialmente, pues no dieron resultados.

En un documento, la Fiscalía solicitó que “en lo posible”, el tema fuese conocido en una audiencia fijada para las 15:30 de este lunes 26.

Esa diligencia fue convocada para tratar otros aspectos relacionados con el caso Sobornos, como los pedidos de Rafael Correa, Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh, para que se revisen las órdenes de prisión preventiva.

En esa cita judicial también se debe conocer una solicitud planteada por la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, para que se le retire el grillete electrónico.

Según la resolución judicial desacatada, los procesados que viven en Guayaquil tenían que presentarse los lunes y los jueves en la Corte Provincial.

Quienes residen en Quito debían hacerlo en la Sala Penal de la Corte Nacional.

Diego Correa, abogado de William Phillips, señaló que hasta la tarde de ayer no tenía una notificación por escrito sobre el pedido de la Fiscalía para cambiar las medidas.

Aseguró que solo en la audiencia hablará de las razones por las cuales su defendido no pudo cumplir con las medidas ordenadas por la jueza.

Durante la audiencia en la que fueron vinculados, las defensas de Noboa, de Sánchez y de Choi dijeron estar de acuerdo con la orden de reportarse ante las autoridades.

El defensor de Noboa solo pidió que su cliente asista periódicamente a la Corte del Guayas, pues reside en Guayaquil. Esa petición fue aceptada por la magistrada.

Las personas procesadas son señaladas por la Fiscalía por supuestos aportes ilegales a las campañas de Alianza País. Los delitos investigados son presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Los nombres de dos aportantes, que incumplieron con las medidas, aparecen en los archivos extraídos de los correos electrónicos de Laura Terán, a los que este Diario tuvo acceso. Por ejemplo, hay algunos depósitos realizados; uno de ellos por cerca de USD 12 000.

Terán fue asistente de Pamela Martínez, quien se desempeñó como asesora del expresidente Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional.

Ambas han sido detenidas para investigaciones. Está previsto que para la próxima semana, la Corte Nacional de Justicia tome los testimonios anticipados de ambas.

Las diligencias fueron señaladas para el miércoles 28 de agosto y jueves 29, desde las 08:45, en el auditorio de ese alto Tribunal. Su defensa baraja la posibilidad de acogerse a la figura de cooperación eficaz, que consiste en una rebaja de la pena si la información es real y permite identificar a los cabecillas de las estructuras delictivas.

La decisión todavía no ha sido tomada por los abogados defensores.

Otro de los empresarios que evitó presentarse ante la autoridad también aparece en los archivos de Terán.

Él consta en un listado de “entrega de boletos” para un evento de Alianza País. El empresario adquirió 10 tiquetes por USD 100 cada uno el 8 de octubre del 2013. En otros correos pide audiencia con la entonces asesora de Correa. Ella responde que lo atenderá “cualquier día en la tarde”.

La Fiscalía sostuvo, el 8 de agosto, que los contratistas privados formaron parte de una estructura ilícita liderada por el exmandatario.

La fiscal Diana Salazar dijo que el papel de los investigados fue entregar dinero, en efectivo o por cruce de facturas. A cambio, se habrían beneficiado con la adjudicación de obras en los sectores estratégicos, que del 2012 al 2016 fueron manejados por Glas.

Otros empresarios que aparecen en los archivos de Martínez y Terán también han rendido sus versiones.

El 19 de agosto, uno de ellos señaló que en el 2013 dotó de servicios de realización de eventos a la Gobernación del Guayas, pero que la factura tuvieron que emitirla a nombre de otra compañía.

Según su versión, los servicios fueron para la campaña política de la lista 35. Luego tuvieron que retirar un cheque del puerto marítimo a nombre de su compañía.

Las diligencias continuarán la siguiente semana. Desde el 24 hasta el 30 de agosto se solicitó “por última ocasión”, y con ayuda de la Policía, la presentación de 27 personas más.

Esta medida se tomó luego de que no asistieron a anteriores llamados de la justicia.

El 27 de agosto también se prevé realizar la entrevista al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera dentro de una diligencia judicial.

En contexto 

Desde mayo pasado, 26 personas han sido procesadas dentro del caso Sobornos 2012-2016. Allí aparecen el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y excolaboradores del correísmo, como Pamela Martínez y Alexis Mera.

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