13 de septiembre de 2019 21:13

A los siete procesados en caso Llerena se los indagará por tentativa de sicariato; se vinculó a un reo

El abogado Raúl Llerena fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Guayaquil, después ser atacado con disparos. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

El abogado Raúl Llerena fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Guayaquil, después ser atacado con disparos el pasado 12 de agosto del 2019. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Una jueza acogió el pedido de la Fiscalía de cambiar el delito de tentativa de asesinato a tentativa de sicariato en la indagación sobre el atentado armado que sufrió el abogado Raúl Llerena el 12 de agosto pasado, en Guayaquil. Esta decisión se tomó en la audiencia de reformulación de cargos, la mañana de este viernes 13 de septiembre de 2019, en contra de siete detenidos.

También se vinculó a otra persona que está privada de libertad porque se encontraron evidencias de su participación en el ataque.

El fiscal Marco Ordeñana presentó el informe de la explotación telefónica de los celulares de los sospechosos. Luego de tener la extradición de las conversaciones, la Fiscalía pidió la vinculación de Fidelino A., un preso que cumple una pena por robo y asesinato.

En los teléfonos de los detenidos se encontraron fotos, videos y conversaciones relacionadas con el interno para cometer el intento de sicariato. El hecho ocurrió el 12 de agosto, cuando Llerena fue baleado mientras se dirigía a una entrevista radial y fue interceptado en el puente que une Samborondón y Sauces, norte del Puerto Principal.

La jueza también ratificó la prisión preventiva en contra de Francisco C., Kenner C., Gabriel B., Alexander M., y Edison D., así como el arresto domiciliario para Erika R., por su estado de gestación.

La Fiscalía también solicitó a la jueza Marlene Sotomayor un cambio a la medida cautelar de arresto domiciliario que tiene otro de los implicados. Luis S., presunto autor intelectual del crimen, quien tiene una discapacidad física y está en una silla de ruedas. Pero la jueza dispuso mantener el arresto domiciliario hasta que se conozcan los resultados de una valoración médica, que determinará su grado de discapacidad, de acuerdo a un pedido de la Defensoría Pública.

El pasado 13 de agosto María Paula Romo, ministra de Gobierno; y el general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8, indicaron que el atentado contra el jurista guayaquileño se habría generado por uno de los casos en los que laboraba.

Sin embargo, Pablo Llerena, hijo del abogado, negó la hipótesis de las autoridades. “Todo resuelto en flagrancia y en buenos términos con el procesado y la familia. Falta de resguardo personal corrobora inexistente enemistad con gente de peligro”, denunció en las redes sociales.

La instrucción fiscal del caso Llerena se extenderá por 30 días más, tiempo en el cual la Fiscalía profundizará su investigación.

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