18 de enero de 2019 20:20

¿Por qué los detenidos del caso de violación grupal fueron llevados a Latacunga?

Imagen referencial. Según el Informe Global sobre Trata de Personas 2018 -difundido hoy en Viena-, las mujeres adultas suponen el 55% de las víctimas documentadas y las niñas el 31 %, mientras que los casos masculinos se divide en un 12 % de hombres y un

Imagen referencial. Martha fue víctima de violación grupal en un restaurante en Quito. Foto: Pixabay.

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Redacción Seguridad

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Las fotos comenzaron a circular la tarde de este 18 de enero del 2019. Allí aparecen los tres procesados por el ataque sexual contra Martha, cuando ya se encuentran en la cárcel de Latacunga. Todos lucen ropa anaranjada y pantuflas.

Inicialmente habían sido llevados al Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito. Pero tras realizar un análisis de seguridad fueron trasladados el CDP de Latacunga. La idea es que evitar que sean agredidos por otros reclusos.

El jueves 24 de enero del 2019, los tres deberán entregar su versión en la Fiscalía de Pichincha. La diligencia está programada para las 14:00.

Cada detenido tendrá una hora para dar su testimonio de lo ocurrido en un bar del norte de Quito. Los vecinos dicen que el local no ha abierto desde que ocurrió el violento hecho.

Ahora, el grupo es investigado por violación, un delito que es sancionado con cárcel de 19 a 22 años, según el Código Penal (art. 171).

Este suceso desató una reacción masiva en redes sociales y pronunciamientos de organismos, como el Consejo de Protección de Derechos-Quito. Este organismo calificó como “brutal caso” a lo sucedido con la joven.

“El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito expresa su rechazo enfático a este nuevo caso de crueldad”, dijo.

Exhortó a la Función Judicial, para que en este y en todos los casos de violencia de género “se proceda con la celeridad, efectividad y justicia que requieren las mujeres víctimas de este delito, observando el enfoque de género, la interseccionalidad, garantizando su no-revictimización, así como la reparación integral de todos los derechos violentados y la no impunidad de los responsables”.

A la Secretaría de Derechos Humanos se pidió que “desarrolle todos los instrumentos de política pública para la prevención, protección y reparación de derechos a este grupo poblacional”.

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