Los habitantes de Alangasí reclaman por el mal estado de la avenida Ilaló. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
En el valle de Los Chillos habitan cerca de 350 000 personas. La población incluye a Rumiñahui y a las seis parroquias que pertenecen al cantón Quito: Alangasí, La Merced, Conocoto, Amaguaña, Píntag y Guangopolo.
Son poblados donde conviven el desarrollo urbanístico con la ruralidad, donde hay centros comerciales y modernas urbanizaciones con alarmas y cámaras de videovigilancia y, a unos minutos, casas de adobe donde aún se vive de la crianza de animales y de la siembra de papas o choclos.
En las seis parroquias, moradores y dirigentes identifican cuatro problemas con los que deben lidiar: bajo presupuesto municipal para ejecutar obras en los barrios, inconvenientes en la provisión de agua potable, calles de tierra y avenidas con baches y la legalización de propiedades.
Jefferson Yánez tiene una panadería desde hace un mes en el barrio Ontaneda Alta de Conocoto. Antes, su negocio se ubicaba en el sector de San Lorenzo. El desabastecimiento recurrente de agua potable le obligó a buscar otro sitio.
“Toda una mañana podemos estar sin servicio. Nos tocaba recoger agua para estar prevenidos”, cuenta. Lo que sucede en San Lorenzo se repite en otros barrios altos de Conocoto. En Ontaneda, donde trabaja Yánez, se ven contrastes entre los barrios bajos y altos. En la calle Manuel Rodríguez Pinto, que conduce a la zona alta, el panorama cambia al ascender.
Las urbanizaciones cerradas con puertas metálicas y sistemas de seguridad son reemplazadas por casas más modestas y a medio construir en las que incluso no se divisan aceras.
Para enfrentar estas dificultades, hace un año los Gobiernos parroquiales conformaron una mancomunidad. Diego Pérez, que preside el GAD de Conocoto, dice que el objetivo es coordinar acciones en productividad, turismo y seguridad.
En el centro de Conocoto se concentran las actividades comerciales. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Una de las últimas acciones de la mancomunidad fue presentar una acción de protección en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). La razón: los cortes frecuentes y la calidad del agua.
En respuesta, la empresa municipal emprendió tres trabajos: implementación de dos plantas paquete, interconexión de la línea Puengasí-San Cristóbal y la estación de bombeo de Medrano.
Luis Collaguazo, gerente de operaciones de la Epmaps, explica que esa es una solución para la intermitencia en el servicio en barrios de Conocoto, Alangasí y Amaguaña.
En los tres proyectos se ha invertido USD 150 000 y los trabajos están en su etapa final.
En Alangasí, el problema no es solo la intermitencia. El líquido vital llega con un color marrón que hace dudar de su calidad. Así lo explica Nathaly Escaleras, presidenta del GAD.
El Municipio señala que al valle de Los Chillos se le asignó USD 956 065 este año. Esos recursos deben repartirse entre las seis parroquias para obras pequeñas que se priorizan tras deliberaciones en una asamblea. Sin embargo, este año hubo una reducción por la emergencia sanitaria.
Ximena Villafuerte, secretaria de Coordinación Territorial, dice que sí hay un trabajo en conjunto con las autoridades parroquiales. Este tipo de obras tienen que ver con adoquinados, pavimentación, canchas comunales, entre otras.
En el 2021 se harán 18 obras y se ejecutará un proyecto social. Esto, según Villafuerte, fue el resultado de las asambleas de presupuesto participativo. Pérez indica que un presupuesto de USD 349 000 para 100 000 habitantes en Conocoto es insuficiente. “En la parroquia hace falta un colegio municipal y un hospital”.
La mancomunidad no es la única iniciativa. Seis meses atrás se conformó la Junta Cívica de Los Chillos. El objetivo, según su presidente Javier Segovia, es que las seis parroquias se conviertan en cantón. Él dice que hay un crecimiento desordenado y que el Municipio no atiende las necesidades.
Añade que el incremento de la población no fue de la mano con un plan vial y por eso se genera congestión en El Trébol, debido a la cantidad de gente que viaja a Quito por trabajo.
Otro problema es la legalización de tierras. Andrei Iza, presidente del GAD de La Merced, asegura que, al no contar con las escrituras, hay barrios que no pueden gestionar los servicios básicos. Esa realidad incide en la falta de agua o vías de conexión, sobre todo en las zonas altas. Pérez ha planteado que la competencia de legalizar barrios pase a las parroquias, pero es imposible ya que por Ley es una facultad exclusiva de los municipios.
La Prefectura de Pichincha, en tanto, anunciará hoy, 21 de octubre del 2020, tres obras viales en Los Chillos.
