Pensar en la remota posibilidad de que se paralicen las obras del nuevo aeropuerto de Quito, que ya han avanzado en un 70%, es descabellado.
Parecería que así lo han entendido las nuevas autoridades municipales, las cuales han invitado a los inversionistas a sentarse a la mesa de negociaciones y buscar una fórmula que permita a la Capital contar con dicha obra sin perjudicar a ninguno de los sectores.
En ese sentido, tienen sensatez y sentido común las exigencias y requisitos que ha impuesto el Alcalde a Quiport como condiciones para dialogar y continuar la edificación, pero la máxima autoridad municipal tiene la obligación de abordar el tema con la prudencia y el tino suficientes para que se transparente todo el proceso con base en las disposiciones jurídicas y en los estudios técnicos.
A pesar de los primeros acercamientos con el Cabildo, de parte de la empresa a cargo de la obra física no se ve aún la necesaria apertura para dialogar y renegociar, aunque parece evidente que no le quedará otra salida frente a los innumerables cuestionamientos que se le hacen por la manera en que ha manejado los distintos aspectos del proyecto.
Quiport no cede, por ejemplo, en el asunto del cobro de las tasas aeroportuarias, a pesar de que la Corte Constitucional falló en última instancia para que dichos rubros los cobre el Municipio. No es recomendable que se mantenga en la idea de que esos recursos son parte de las garantías para los prestamistas y que sin esos ingresos no se pueden continuar los trabajos.
Sin subjetividades ni cálculos políticos, el Municipio de Quito debe solucionar el problema del nuevo aeropuerto logrando que la renegociación favorezca, en especial, a la ciudad y a sus habitantes.