17 de September de 2009 00:00

Probar denuncias

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Miguel Macías Carmigniani

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No conozco el estado en el que se encuentran las denuncias presentadas por León Roldós y por Joffre Campaña, en la Fiscalía General, respecto a los cambios en los textos de la Constitución que fue aprobada por los asambleístas en Montecristi, en julio pasado, modificación que a su vez fue denunciada por varios ex asambleístas (César Rohón y Pablo Lucio Paredes, entre otros), en diversas entrevistas; ni la presentada por Fernando Balda, sobre la grabación donde se escuchan las voces del presidente Correa, de Ricardo Patiño y de Silvia Salgado, entre otras personas, en la que se menciona que se ha adulterado el texto de la Constitución aprobada por los asambleístas.

Es pues importante que el Fiscal General investigue hasta la saciedad lo denunciado, pues sería gravísimo que la Constitución vigente no sea la legalmente aprobada por los asambleístas, en cuyo caso todo nuestro andamiaje jurídico se caería en pedazos y el Consejo Nacional Electoral debería de convocarnos para votar sobre un nuevo texto constitucional.

Para terminar con este escándalo, urge que el Presidente declare al respecto, ante el Fiscal General de la Nación.

Es necesario saber exactamente cuáles son los textos de la Constitución que fueron reformados sin el consentimiento de los asambleístas (según esas denuncias), lo cual es más importante para el país que conocer quién ordenó esa grabación y quién fue el que colocó uno o varios micrófonos en el despacho del Presidente de la República, a quienes debe sancionarse con todo el rigor de la ley penal,  en el caso que en efecto esto haya ocurrido.

El alterar el texto constitucional aprobado en Montecristi constituiría un delito sancionado con reclusión por el Código Penal.

En otro orden de cosas, es también necesario que el ingeniero Fabricio Correa precise con nombres y apellidos cuáles son los funcionarios del Gobierno que a su juicio han cometido actos de corrupción, según lo denunciado por él, a quienes el Fiscal debe investigar, al igual que a los funcionarios públicos que suscribieron los contratos con las empresas en las que Fabricio Correa tiene acciones, quienes pudieran haber cometido el delito de peculado, el cual nuestro Código Penal sanciona con reclusión.

Si se considera que hay que sancionar a Fabricio Correa con la terminación unilateral de los contratos que sus empresas celebraron con el Estado, argumentando que violó la Ley de Contratación Pública, se debe también sancionar a los funcionarios públicos que contrataron con estas, pues esa responsabilidad es de doble vía.

La guerra entre los hermanos Correa recién comienza. Ninguno de los dos será ‘presa’ fácil. Estoy seguro de que Fabricio Correa dará mucho de qué hablar, pues ha demostrado no tener ‘pelos en la lengua’ y muchas historias que contar.

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