Prisión preventiva para 4 militares que portaban material aurífero en Imbabura

Los militares aprendidos se encontraban la mañana de hoy en las oficinas de la Fiscalía de Imbabura.  Foto: EL COMERCIO

Los militares aprendidos se encontraban la mañana de hoy en las oficinas de la Fiscalía de Imbabura. Foto: EL COMERCIO

Los militares aprendidos se encontraban la mañana de del martes 15 de octubre en las oficinas de la Fiscalía de Imbabura. Foto: EL COMERCIO

Un juez ecuatoriano ordenó la prisión preventiva contra cuatro militares en servicio activo detenidos el martes 15 de octubre del 2019 tras haber sido interceptado el vehículo militar en el que viajaban, cargado con 259 sacos de yute con de material aurífero, informó la Fiscalía General del Estado.

En su perfil de la red social Twitter, la Fiscalía indicó este miércoles 16 de octubre del 2019 que en su dependencia de la provincia de Imbabura  formuló cargos contra los cuatro militares por el presunto delito de "actividad ilícita de recursos mineros", y que el juez les dictó prisión preventiva.

El martes, el Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que la detención de los militares se registró a la 01:00 de la madrugada en un control de la Policía Nacional de Ecuador, en el sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.

En el retén fue interceptado un vehículo militar que transportaba "supuestamente 259 sacos de material aurífero, procediendo a la detención de los cuatro ocupantes miembros en servicio activo del Ejército", rezaba la nota que indicaba que los militares fueron puestos "bajo el respectivo proceso investigativo por parte de las autoridades competentes".

El documento concluía que la institución de Defensa afirmaba "su compromiso de brindar todas las facilidades y el apoyo necesario para el proceso de investigación".

El Gobierno ecuatoriano decretó en julio pasado el estado de excepción en Imbabura, a fin de que sus fuerzas pudieran llevar a cabo un gran operativo contra la minería ilegal en torno a la mina de la zona de Buenos Aires.

Considerada según las autoridades como la "mina de oro más grande de Latinoamérica", con un perímetro de 433,7 kilómetros, desde finales de 2017, la mina motivó el desplazamiento de miles de personas de diversas nacionalidades a la región, donde proliferó la extracción ilegal del metal precioso.

Más de 4 000 agentes policiales y militares participaron en la operación contra la minería ilegal meses atrás que se saldó con miles de desalojados y decenas de detenidos. 

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