Prisión preventiva de Jorge Glas caducó, pero seguirá preso

Desde la izq.: los jueces Pablo Valverde, María de los Ángeles Montalvo y Carlos Pazos revocaron la prisión de Glas. Foto: Corte Nacional de Justicia

Desde la izq.: los jueces Pablo Valverde, María de los Ángeles Montalvo y Carlos Pazos revocaron la prisión de Glas. Foto: Corte Nacional de Justicia

Desde la izq.: los jueces Pablo Valverde, María de los Ángeles Montalvo y Carlos Pazos revocaron la prisión de Glas. Foto: Corte Nacional de Justicia

Un Tribunal de la Corte Nacional revocó el pasado lunes 9 de marzo de 2020 la orden de prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas por el caso Sobornos. Pero en la práctica, él continuará preso porque cumple una sentencia de seis años de reclusión por en el caso Odebrecht.

¿Qué hay detrás de esto? Una “estrategia judicial”. Así lo reconoció el abogado de Glas, Harrison Salcedo. “A su tiempo se darán cuenta”, advirtió.

Lo que ayer ocurrió en la Corte fue que Glas solicitó un hábeas corpus a los jueces María de los Ángeles Montalvo, Pablo Valverde y Carlos Pazos y ellos se lo concedieron.

El argumento giró en torno a la caducidad de la prisión preventiva. En la audiencia, Salcedo dijo que su cliente lleva siete meses detenido por el caso Sobornos, sin que hasta el momento haya recibido una sentencia. Según el Código Integral Penal (COIP), artículo 541.1, cuando los delitos que tienen penas de hasta cinco años de cárcel, como en este caso, la prescripción de la prisión se produce a los seis meses. “Además es absurdo que se le ordene una prisión si ya está detenido”, agregó el jurista.

La norma advierte otros dos efectos de la caducidad de la prisión preventiva. Primero, no se podrá aplicar la medida de nuevo y, segundo, es motivo de destitución de los jueces.

Sobre el primer punto, Salcedo aclaró que los magistrados no podrán volver a ordenar el arresto de Glas hasta que haya una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos. Es decir, hasta que se agoten todas las instancias de apelación y casación.

En cambio, sobre la destitución de los jueces, el Tribunal indicó que el retardo en la obtención de un fallo se dio porque el caso tiene más de 600 carpetas y hay 21 procesados.

Salcedo lo calificó de “retardo injustificado”. Sin embargo, entre las razones que han impedido que las audiencias se den estuvieron los pedidos de diferimiento y las recusaciones o demandas hacia los jueces. La audiencia preparatoria de juicio se suspendió en cuatro ocasiones por querellas de los abogados, hasta que en noviembre la jueza Daniella Camacho la instaló.

El juzgamiento también se retardó por los pedidos de diferimiento planteados por Walter Solís, Pamela Martínez, Viviana Bonilla, Christian Viteri López y Ramiro Galarza, y por una recusación de Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. En el segundo intento de postergar la diligencia, esta vez por parte de Alexis Mera, el Tribunal de Juzgamiento advirtió sobre “el abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente”.

El Tribunal hizo la misma advertencia a Salcedo, el miércoles pasado. Ese día, él había solicitado la comparecencia de 91 testigos, pero a la Corte llegaron siete. El defensor intentó suspender la diligencia hasta que compareciesen sus convocados, pero el Tribunal le recordó que el viernes 28 de febrero ya había suspendido la presentación de su prueba para que trajera a la gente. Dijo que no iba a permitir más “­intentos” para dilatar el proceso judicial.

En la estrategia del exvicepresidente también está esperar que el viernes caduque la prisión preventiva en el juicio por el caso Singue. El siguiente paso es solicitar otro hábeas corpus. De esta forma, la única orden de prisión que pesaría contra Glas es por el caso Odebrecht, por el que lleva detenido dos años y tres meses.

¿El fin es la prelibertad? Salcedo dijo que no. Pero el COIP (art. 698) otorga ese beneficio a presos que han cumplido 60% de la sentencia y no tienen otras órdenes de arresto.

Los principales hechos en el caso sobornos 2012-2016

1 de junio de 2019

La Fiscalía procesó a los exfuncionarios María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera en este caso. Antes, habían sido señaladas Pamela Martínez y su asistente Laura Terán.

8 de agosto de 2019

La fiscal general, Diana Salazar, vinculó a 22 personas más. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, altos exfuncionarios y empresarios.

3 de enero de 2020

La jueza Daniella Camacho llamó a juicio a 21 de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho. Después de 38 días, un Tribunal Penal inició la audiencia de juzgamiento.

5 de marzo de 2020

Luego de 13 días de audiencias culminó el juicio del caso Sobornos. La Fiscal acusó de autor mediato a Correa y de autores directos a exfuncionarios y empresarios.

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