Una jueza ordenó la prisión preventiva de cuatro personas y el arresto de otra, por los envíos de dinero de dos firmas que supuestamente recibían fondos de Odebrecht. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
La Fiscalía tendrá 90 días para investigar un posible lavado de activos que involucra a dos empresas relacionadas con Odebrecht. La tarde de este martes, 9 de enero del 2018, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de dos personas jurídicas y cinco naturales. Entre ellas Edgar Arias, quien ya fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
En la diligencia, la Fiscalía indicó que se ha identificado un esquema delictivo en el que dos empresas, que residen en el Ecuador, recibieron fondos de Odebrecht para pagar coimas.
Según la teoría de Fiscalía, la constructora brasileña envío dinero a las dos firmas a través de una empresa en Panamá, cuyo representante sería el hijo de Arias. Desde esa empresa extranjera se hicieron transferencias por USD 13 millones, que sería el monto que Fiscalía iniciará la investigación.
Entre los elementos que los investigadores presentaron para formular cargos se desprenden informes de la Unidad de Análisis Financiero. En esos documentos se detallaría un desfase de los estados financieros que los procesados declararon ante el SRI y los movimientos bancarios que tuvieron durante el periodo 2010-2017.
Por eso la Fiscalía indicó que se trataría de un delito de carácter continuado que fue identificado durante la investigación de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
De hecho, esta es la primera indagación que se abre de las siete que los jueces ordenaron investigar, tras emitir la sentencia en contra de ocho procesados.
Otro de los datos que se informó en la diligencia fue que tres de los cincos procesados ya salieron del país. Entre ellos están la esposa y el hijo de Arias. Otra de las personas que registra una salida del Ecuador es Miriam C., quien fungía como contadora de las dos empresas indagadas.
Para Arias se ratificó su arresto domiciliario, medida que la obtuvo en el proceso de asociación ilícita. Y para el quinto procesado se ordenó su detención inmediata.
Además se dispuso la enajenación de bienes y la intervención de las dos empresas por parte de la Superintendencia de Compañías y Seguros.
Las firmas indagadas se dedican a la venta de acero y materiales de construcción.