El padre y la madre de un menor que supuestamente fue ofrecido con fines sexuales, rindieron versión en la Unidad Judicial de Durán el sábado 18 de mayo, previo a la audiencia de formulación de cargos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La jueza Susana Moncayo, del juzgado de Violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar de la Unidad Judicial de Durán, ordenó la prisión preventiva para la madre y el padre de bebé que habría sido ofrecido con fines sexuales al propietario de un local de Internet, en ese cantón del Guayas.
La audiencia de formulación de cargos se realizó la tarde del sábado 18 de mayo de 2019 luego de que los padres del infante, Esthela Mary J. T. y Bryan David M. Z., fueran detenidos la noche del viernes en la provincia de Santa Elena en un operativo que permitió la recuperación de la víctima, un niño de 20 meses de edad.
La Fiscalía, que solicitó prisión preventiva para los investigados, iniciará la etapa de instrucción que se extenderá hasta por 90 días. “Nos encontramos frente a un delito de naturaleza sexual (…) y esta investigación conserva la reserva del caso, además existen medidas de restricción para no divulgar la información que se ventiló dentro de la audiencia de formulación de cargos”, dijo Danny Vizueta, fiscal del caso.
El caso causó conmoción en la primera etapa de la urbanización El Recreo cuando la madre del niño denunció que aparentemente el administrador de un local de Internet de esa localidad había negociado en USD 40 el abuso sexual del bebé, con el propio padre del menor, a través de redes sociales.
El dependiente del ‘ciber’, un local de alquiler de computadoras y videojuegos, se encuentra prófugo. Días atrás, el hombre fue capturado junto al padre del niño el pasado 2 de mayo y luego ambos fueron liberados cuando la madre retiró la denuncia en una actuación de la Fiscalía local señalada de “irregular” por la Fiscalía General del Estado.
La jueza Susana Moncayo dispuso la prisión preventiva de una pareja, por el caso de un bebé que fue ofrecido con fines sexuales en Durán. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El infante fue devuelto a los padres y el organismo reclamó que se debieron solicitar “medidas de protección inmediatas a favor de la víctima“. El menor recuperado la noche del viernes en Santa Elena se encuentra ahora en una casa de acogida.
Freddy Freire, abogado defensor de la pareja involucrada, sostuvo antes del inicio de la audiencia que los padres son dos víctimas más del caso y que ambos denunciaron el hecho. “La defensa considera que no existen los elementos constitutivos del delito que está enmarcado en el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). No existe lesión física ni psicológica, el niño jamás fue llevado al ciber, nunca fue tocado, nunca fue abusado sexualmente”, adujo.
El abogado negó que haya existido una negociación por abusar de el infante por USD 40 y lamentó lo que calificó de “una distorsión y tergiversaron” de los hechos. Según el relato del abogado defensor, Esthela Mary J. T. habría visto los mensajes en el Facebook de su cónyugue desde la cuenta de una mujer, un seudónimo del hombre prófugo “que usaba esa cuenta para engañar y seducir a sus víctimas”.
“La propuesta fue hecha hacia el padre, pero él nunca la leyó; la vio y la respondió la esposa, movida por los celos. Establecen una cita para conocerse, pero en ningún momento hablan de un acto sexual”, explicó Freire. “Ella pensó que era una mujer y le extrañó por la propuesta (dirigida al niño), para sorpresa cuando va al ciber se da cuenta que era un hombre y en ese momento decide llamar a la Policía”, refirió el abogado.
El administrador del local de computadoras tenía otra denuncia por intentar abusar sexualmente de un niño de 9 años, en el mismo ‘ciber’, según reveló la madre de un segundo niño afectado en el sitio en enero pasado.
Los padres del menor son investigados por el presunto delito de oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, tipificado en el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de siete a diez años.