El acusado de supuestamente hacer una llamada sobe una falsa amenaza de bomba, según Morejón, fue detenido cuando se encontraba al interior de un cyber. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La Fiscalía del Guayas procesó a un ciudadano por presuntamente ser el autor de llamadas sobre falsas amenazas de bomba en un establecimiento educativo de Guayaquil.
La fiscal Patricia Morejón aseguró la mañana de este miércoles, 9 de mayo del 2018, que el juez de Garantías Penales, Gustavo Guerra, acogió el pedido de prisión preventiva en contra de Luis B. solicitada por la Fiscalía dentro del delito de intimidación que podría conllevar una pena de entre 1 y 3 años de prisión.
La audiencia de flagrancia se efectuó la madrugada de este 9 de mayo en la Unidad Judicial Albán Borja. El fiscal Peter Jácome Aristega presentó como elementos de convicción la documentación relacionada al caso, entre ellas, las impresiones y textos de mensajes intimidatorios remitidos al colegio, junto a las versiones de los procesados.
El acusado, según Morejón, fue detenido cuando se encontraba al interior de un cyber, ubicado en la cooperativa Flor de Bastión, en el noroeste de la ciudad. Él es padre de dos menores que anteriormente estudiaron en el establecimiento educativo.
“Él lo que quería era intimidar y tomar represalias por una situación anterior que pasó”, dijo Morejón.
La rectora del colegio, Sara María Garaicoa, aseguró que una de las frases del involucrado en sus mensajes era: “preparen la caja para sus hijos”. Ella comentó que en el ciclo pasado debía todas las pensiones y este 2018 no matriculó a sus pequeños.
En el colegio se hicieron cuatro evacuaciones por supuestas amenazas de bomba durante las dos últimas semanas. Ello, obligó a la evacuación de los más de 600 estudiantes, además de personal de la institución y padres de familia.
El juez Guerra confirmó la audiencia de procedimiento directo para el 16 de mayo.
La fiscal Morejón contó que el 8 de mayo se dejó en libertad a una mujer de 62 años porque se determinó que las falsas alertas que se hicieron desde el teléfono convencional de su hogar las hizo su nieto de 14 años, quien posee un carné de discapacidad del 56%.
“Ahí se pudo determinar que era cosa de niños y el Código de la Niñez y Adolescencia no permite por ningún motivo judicializar un caso que sea realizado por niños”, dijo.