Redacción Guayaquil
Quienes roben, sin violencia, hasta USD 657 podrían permanecer por más tiempo en las cárceles del país.
Ayer, el ministro de Justicia, Néstor Arbito, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), Ángel Rubio Game, se reunieron por primera vez y hallaron consenso: plantearán a la Asamblea que reforme la legislación penal para incrementar a tres meses la sanción para los contraventores, que ahora son castigados con máximo siete días.
En marzo entró en vigencia una reforma al Código de Procedimiento Penal, según la cual, se estableció que la Fiscalía no investigaría los robos de USD 657. Estos se redujeron a contravenciones.
El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, criticó la medida y planteó reducir el valor. Antes, el ente investigaba los hurtos desde USD 218 en adelante.
Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, esa reforma, impulsada por el Gobierno, es la causa del aumento de la inseguridad.
“Creemos que siete días es una pena muy limitada. Nuestra propuesta sería aumentarla, en lugar de bajar el monto, porque la contravención da una vía más rápida de solución…”, dijo Arbito, tras su cita con el titular de la Fenaje (señalado como cercano al Régimen), en el Ministerio del Litoral.
“El monto de contravención no es el problema sino la pena… Debería ser mínimo hasta por 90 días, pero habría que discutirlo, porque pueden ser de tres meses a seis meses”, explicó Arbito.
Rubio se mostró satisfecho con la cita. “Estamos planteando en común acuerdo que se dé una penalidad de meses en las contravenciones de hurto de celulares, manteniendo el monto de USD 657 sobre esa contravención”, precisó el dirigente.
Los judiciales también piden que las contravenciones sean tramitadas por los jueces de flagrancia y no por los comisarios.
El Ministro anunció la creación de tres juzgados de flagrancia para Guayaquil. Funcionarán en las instalaciones de la Policía Judicial del Guayas (PJ). Ellos reemplazarán a los jueces de garantías penales que actualmente hacen turnos para atender las audiencias orales y determinar la flagrancia de delitos y la participación de los detenidos en ellos.
Esos nuevos judiciales serán posesionados la próxima semana por el Consejo de la Judicatura. Otros juzgados de ese mismo tipo serán creados en Quito y Manta.
Tanto Arbito como Rubio acordaron que los judiciales participen haciendo sugerencias en la elaboración del nuevo Código Penal Ecuatoriano (Copec), que promueve el Ministerio de Justicia. Allí se plantea una reforma general al sistema penal del país.