3 de September de 2009 00:00

El primer proyecto de Comunicación, listo

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Redacción Política

En el cronograma de la Asamblea Nacional está previsto que la última semana de septiembre se debata y se apruebe la Ley de Comunicación. Sin embargo, hasta ahora,  el único proyecto presentado es el de César Montúfar, de Concertación Democrática. 

Ayer hizo pública su propuesta, junto el ex constituyente Pablo Lucio Paredes. En rueda de prensa mostraron el  documento e hicieron una petición pública: “Exhortamos a la mayoría de País y al Gobierno que presenten su proyecto de Ley de Comunicación, para discutirlo y para que la gente lo conozca”, dijo efusivamente el legislador opositor.

 La preocupación de Montúfar es el corto tiempo que tiene el Legislativo para discutir el cuerpo legal, pues la ley se deberá aprobar hasta el 14 de octubre.

Al interior del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) ya se discute cómo se tratará la propuesta y a qué comisión se derivará. Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik e integrante del CAL, cree que el grupo que debe tratar la ley es la comisión de Participación, donde la mayoría de asambleístas es de oposición. 

“Busco y busco alguna comisión a la que se puede derivar la ley, pero no encuentro  una afín”, dice Tibán. Sin embargo, entre la comisión de Educación y la de Participación, Tibán cree que la segunda es la más acertada. “La de Educación está tramitando  cuatro leyes, entonces, por un tema de tiempo, debemos enviar a quienes estén más libres”.

El asambleísta por País y comunicador Paco Velasco piensa  que la Comisión de Educación, que  preside,  debe hacerse cargo  de la ley. Dice que  esta es la más afín. “Creo que esa debería ser porque el tema  tiene relación”.

Hoy llegará a la Asamblea Nacional otro proyecto de ley,  proveniente del Foro de Comunicación,  integrado por  organizaciones sociales, de comunicadores e indígenas. Tibán asegura que en  el CAL procurará que se valoren todas las propuestas y no únicamente la que llegue del Gobierno. “Haremos como con la Ley de Aguas. Llegaron dos propuestas y se determinó que la comisión especializada las una”. 

Respecto a la Ley de Comunicación, la principal preocupación es la incidencia que tendrá el Gobierno en los medios y en la libertad de expresión. En la presentación del documento, Montúfar resaltó que lo principal es garantizar que ninguna entidad del Estado “controle lo que los ciudadanos pensamos y decimos”.

Aunque en su discurso resaltó que eso no significa que los medios no deban mejorar sus contenidos, pero que para ello es necesaria la autorregulación y que la sociedad civil demande mejores formas de comunicación,  sin la injerencia directa del Estado.

A diferencia de él, Patricio Zhingre, de la Ecuarunari (parte del Foro de la Comunicación), sostiene que sí debe definirse el tema  legalmente. Por ejemplo, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico  para grupos comunitarios, públicos y estatales.   

Sobre el control, Zhingre comenta que su proyecto propone la creación de una comisión de comunicación, en la que también participe  el Gobierno.

La ley de Montúfar

La propaganda  del Gobierno también debe ser regulada por los ciudadanos. Se debe garantizar que los medios públicos sean del Estado y no del Gobierno.

Ninguna autoridad  pública ni funcionario público tiene derecho a acosar a los medios de comunicación ni a los periodistas.

Los medios deben  mejorar sus contenidos a través de la autorregulación. La programación debe ser sometida a debate, sin incidencia del Estado.

Propone crear  un Sistema Nacional de Autorregulación, promover la regulación social (con veedurías, asociaciones de lectores, televidentes y radioescuchas) y utilizar las instancias judiciales cuando existe daño a la honra u otros perjuicios.

Punto de Vista

José Mármol/ experto
‘El Estado no debe controlar’

Creemos  que  se debe garantizar una comunicación más democrática y crear  igualdad de condiciones para los medios privados, comunitarios y públicos. Lo que hemos definido es que el espectro radioeléctrico se asigne en igualdad de condiciones: 33% para lo comunitario, 33% para lo público y  33% para lo privado. Aunque creemos que los ciudadanos deben ser partícipes de los procesos, en la Asociación Católica de Comunicación  (Signis)  consideramos que el control  no debe ser ejercido desde el poder gubernamental. El control ciudadano no debe ser  homologado con  censura, sino como un proceso de regulación desde la sociedad.

Eduardo Tamayo/ periodista
‘Se necesita un control social’

Los principios que se deben incorporar son la plurinacionalidad, la interculturalidad, también el principio de  diversidad, de  participación, de  horizontalidad, de a reparación por violación de los derechos. No creemos  en la autorregulación de los medios,  porque es un principio que no ha funcionado. Se debe trabajar en un control social sobre los procesos comunicativos, lo que  implica que haya un Consejo Social de la Comunicación. El Estado también debe participar con un órgano rector, debe  tener una rectoría con rango ministerial, para que establezca las políticas. Su contrapeso sería la organización social.

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