Ante la falta de recursos, en los últimos cinco meses, las autoridades del CAI han solicitado préstamos a los proveedores. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Mujeres y hombres ingresaban con bolsas de comida al puesto de control del Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Virgilio Guerrero, ubicado en la ciudadela Las Acacias, en el norte de Quito. Las entregaban a los policías que cuidaban el ingreso y les decían que son donaciones para los internos de ese lugar.
A lo lejos los observaba el padre Gilberto Rubio, director del establecimiento. Dice que los problemas económicos le pasan factura al centro, el cual es administrado por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos y cuenta actualmente con 99 internos que permanecen allí de forma permanente; otros 10 solo acuden los fines de semana.
Añade que los préstamos y las donaciones de gente caritativa les han ayudado a cubrir las necesidades porque, desde diciembre del año pasado, no reciben los aportes económicos estatales. “Empezamos con un convenio del Ministerio de Justicia, que ahora está en manos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). No se nos ha entregado los aportes mensuales”.
Estos varían entre USD 57 000 y 61 000 aproximadamente, dependiendo de los gastos mensuales. Con eso se cubre los pagos a los empleados, alimentación y otros rubros de la formación y capacitación de los jóvenes. En total –añadió el religioso- se acumuló una deuda de USD 300 000.
La noche del domingo 21 de abril de 2019, jóvenes del Virgilio Guerrero quemaron el centro y se amotinaron. Así están las instalaciones hasta el momento. Foto: Cortesía
Ante la falta de recursos, en los últimos cinco meses, las autoridades del CAI han solicitado préstamos a los proveedores. “Han sido muy pacientes y tolerantes, se han solidarizado con nosotros (…), eso nos ha ayudado a mantener el equilibrio en el trabajo”, dijo Rubio.
Sin embargo, “ya no puedo fiar más, se acabó la plata. Es imposible seguir esperando a que la gente nos preste y tapar la obligación del Estado”.
Eso ocurre en medio de un ambiente de preocupación por los últimos amotinamientos de este año, registrados el 4 de enero y el 21 de abril. En el último, los jóvenes sacaron colchones al patio y los quemaron, según informó la Policía Nacional. Para controlar el incidente se recurrió a equipos especiales como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Además, llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Quito, quienes controlaron el incendio.
Ahora se vive en un ambiente de preocupación y las autoridades del CAI piden al Gobierno que cancele los pagos pendientes.
De otro lado – explicó Rubio- los allegados de los internos ayudan con la donación de alimentos. Otras personas entregan utensilios de aseo personal para los chicos. “No hay nada, hay cero presupuesto. Eso no es obligación del padre de familia sino del Estado”. Asimismo, considera que es prioritario que se realicen los pagos de diciembre del año pasado y luego centrarse a los montos del 2019.
Otro inconveniente es la falta de personal de seguridad, pues apenas son 11 policías. Se requiere de más agentes para los relevos. Lo ideal sería 15 por grupo. En ese sentido, las autoridades del CAI han enviado oficios para pedir más personal.
También hace falta mejorar la infraestructura del establecimiento, pues un incendio afectó a una de las áreas del CAI, la más antigua que era de madera. Por eso, 28 chicos pernoctan las noches en un salón de clases del Colegio Interno Hermano Miguel Febres Cordero. Duermen en colchones y el piso porque no hay camas. “De eso tienen conocimiento las autoridades, se ha mandado oficios y no hemos tenido respuestas”.
Las otras cuatro secciones, con capacidad para 20 personas, albergan hasta 25, 27 y 28 jóvenes.