23 de diciembre de 2019 17:23

El 83% de presupuesto de Asamblea Nacional va a salarios

Los asesores acompañaron a legisladores hasta la puerta del ingreso al Pleno, el jueves pasado, en la última sesión.

Los asesores acompañaron a legisladores hasta la puerta del ingreso al Pleno, el jueves pasado, en la última sesión. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Roger Velez
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El pago de salarios sigue siendo alto en la Asamblea Nacional, pese a las medidas de austeridad que se han aplicado. Esta Función manejará el próximo año un presupuesto de USD 53,6 millones, 8,6% adicional al asignado en el 2019.

De estos fondos está previsto asignar USD 46,7 millones a honorarios de 137 asambleístas y 1 233 empleados, secretarios, asistentes, entre otros servidores legislativos. Esto equivale al 87,1% del total.

En este 2019, este rubro representó el 83% del presupuesto devengado, es decir lo comprometido hasta el 16 de diciembre pasado. Eso equivale a que de cada USD 10, 8 serán destinados para este fin.

Actualmente, un legislador percibe USD 4 759 como remuneración mensual unificada, sin incluir viáticos. Mientras que los salarios de los asistentes y asesores oscilan entre los USD 1 394 y USD 3 014.

Para la oficialista Ana Belén Marín, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), se trata de un sueldo justo. “Hay mucha desinformación de que ganamos USD 10 000, que tenemos carros, muchos asesores, cuando eso no es así. Tenemos un salario que, al menos, en lo personal lo justifica a cabalidad con todo mi trabajo”, sostiene.

La última vez que hubo un ajuste fue hace un año, cuando la entonces presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, propuso una reducción del 5% en los sueldos de los legisladores y 524 funcionarios del nivel jerárquico superior.


En 2015 se había dado una medida similar, lo cual significó un ahorro de USD 8,2 millones en el caso de los asesores, y de USD 10,2 millones anuales en el caso de los asambleístas.

La medida fue aceptada a regañadientes por más de un legislador. Desde el correísmo, la calificaron de “demagógica”. Según Cabezas, con esa y otras acciones de “optimización de personal”, que se aplicaron desde enero, se logró un ahorro anual de USD 4,3 millones.

El también asambleísta del oficialismo César Litardo relevó a Cabezas desde mediados de este año y percibe una remuneración de USD 4 869, esto es, USD 110 más que el resto.

La Secretaría de Comunicación asegura que las medidas de austeridad siguieron y que el ahorro suma USD 6 millones respecto de 2017, cuando inició el actual período legislativo.

Señala que uno de los ejes claves ha sido “la revisión de competencias y atribuciones del personal administrativo, a través de una estrategia institucional que permite asignar su remuneración en función de sus actividades y perfil profesional”.

Al revisar los presupuestos devengados a diciembre de cada año (2016-2019) se observa que la Asamblea gastó más que lo asignado inicialmente, a excepción del 2018, año en que se registra una reducción de USD 3,7 millones. El año que más gastó fue el 2017 con 4,7 millones más de lo presupuestado originalmente, según los registros de Finanzas.

El balance completo de los ingresos y gastos que tuvo el Parlamento este año se conocerán en enero. Sin embargo, hasta el pasado 16 registró un gasto de USD 51 millones y si se analiza por rubros, al personal se ha destinado USD 42,5 millones. Este monto incluye salarios, fondos de reserva, aportes patronales y otros.

En 2018, en cambio, se pagaron USD 47,2 millones por este concepto, de un presupuesto devengado total de USD 56,1 millones, es decir, el 84,1%.
Si existe o no piponazgo, sostiene la coordinadora de Alianza País (AP), Ximena Peña, eso debe determinarse con un análisis de las tareas de los funcionarios. “No concuerdo con ajustes bruscos porque, en primer lugar, son temas demagógicos. No es que reduciendo los salarios a nadie se va a solventar la situación económica, despidiendo a la gente lo que se hace es empeorar el problema del trabajo”, mencionó.

Los parlamentarios argumentan que la importancia de su trabajo y la de sus asesores se ve reflejada en el tratamiento de las leyes y en los procesos de control político. “Se han reducido viáticos, personal”, insistió Luis Pachala, de Creo.

El control a las tareas que se realizan en el Palacio Legislativo está en duda. En lo que va del período, tres asambleístas han sido destituidas del cargo por irregularidades en sus funciones. En uno de los casos, que se encuentra en investigación previa en la Fiscalía, trascendió que una asesora cobraba sin acudir al Parlamento.

Además, este año hubo dos comisiones: la de Trabajo y la de Gobiernos Autónomos que no sesionaron, entre cinco y siete meses, respectivamente, debido a pugnas internas. En ambas comisiones debían laborar 23 asambleístas.

Con el argumento de un vacío legal, el CAL no dispuso descuentos ni a los legisladores ni a sus asesores.

Cada comisión opera con un secretario relator, un prosecretario, dos asesores y un asistente, que en total reciben USD 13 000 al mes, sin beneficios adicionales.

Según los datos que maneja la Asamblea, el 60% es personal legislativo y el 40% corresponde al área administrativa.

En el 2020 se requerirán USD 1,3 millones para pagar jubilaciones y otros USD 4,2 millones para “gastos en personal para la producción”, de acuerdo con la proforma aprobada por el CAL.

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