El Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, zona de frontera con Colombia, dispuso el traslado hacia Quito de dos ciudadanos colombianos que presuntamente pertenecerían a un grupo guerrillero de ese país.
En la audiencia de calificación de flagrancia de este martes 28 de abril del 2015, estas dos personas de 18 y 22 años de edad confesaron que serían parte del frente guerrillero móvil Daniel Aldana que opera en el sector Brisas del Mataje, en Colombia.
Ellos se entregaron voluntariamente a los policías de la parroquia Ricaurte mientras realizaban operativos de control en esta localidad el lunes 27 de abril del 2015. Según agentes, los sospechosos llamaron su atención luego de hacer señales de auxilio. Al abordarlos se identificaron como presuntos guerrilleros y mostraron camisetas con el distintivo del grupo insurgente. Luego pidieron que sean deportados para que sean juzgados en Colombia. No dijeron las razones por las que dejaban la guerrilla pero insistieron que les den seguridad.
En la audiencia se señaló que “es urgente que se solucione su situación legal en nuestro país, toda vez que al ser desmovilizados de un frente guerrillero, son personas que están en un latente peligro, dado su antecedente y la forma cómo actúan estos movimientos guerrilleros”, según consta en la causa judicial 2015-00298.
Debido a esto, el Juzgado ordenó que los colombianos sean trasladados hacia una casa de acogida en Quito para ciudadanos extranjeros en proceso de deportación.
También se dispuso que se oficie a la Embajada de Colombia para que conozcan la situación legal de los dos ciudadanos. No es la primera vez que supuestos guerrilleros se entregan ante la Policía de Ecuador.
En enero del 2014, seis presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a la unidad de Policía Comunitaria de la localidad de Palmareal (San Lorenzo) y se identificaron como desertores de esa guerrilla.
Entonces las autoridades informaron que los extranjeros fueron deportados a su país donde se les siguió un proceso judicial.
Las autoridades no descartan que las recientes deserciones en las filas de la guerrilla tengan relación con el reinicio de los bombardeos contra los campamentos de grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Esta decisión la tomó el Gobierno colombiano a mediados de abril pasado tras un ataque armado que dejó 11 muertos y 17 heridos, entre ellos militares.