6 de agosto de 2019 00:00

El 19,6% de los presos puede acogerse a la prelibertad y salir de prisión

Los detenidos que se encuentran en la Penitenciaría de Guayaquil permanecen en uno de los patios destinados para actividades deportivas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los detenidos que se encuentran en la Penitenciaría de Guayaquil permanecen en uno de los patios destinados para actividades deportivas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Ana Rosero. Redactora (I)

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Las historias se repiten en las cárceles de Quito, Guayaquil, Ambato, Lago Agrio, Ibarra, Babahoyo o Santo Domingo. Poco a poco los detenidos que ya cumplieron el tiempo para obtener la prelibertad han remitido sus peticiones para que sean aprobadas oficialmente.

El Código Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014 (art. 698), otorga este beneficio a aquellos internos que han cumplido el 60% de la sentencia. Pero también hay presos condenados con la anterior norma penal y ellos deben cubrir el 40% de la sanción.

Entre junio y julio, la Dirección de Rehabilitación despachó 1 600 pedidos. Esas carpetas pasaron a los jueces, para que su aprobación o negación se analice en una audiencia, pues los interesados deben cumplir una serie de requisitos.

La entidad advierte que otros 6 000 presos pueden salir en libertad. Por eso delegó a personal de las cárceles para que notifiquen del beneficio y puedan comenzar el trámite.

Estos dos grupos representan el 19,6% de toda la población carcelaria. Actualmente hay 38 600 reos a escala nacional.

Hemos agilitado el proceso para cumplir con lo que establece el Código Penal”, dice el director del Servicio de Rehabilitación, Edmundo Moncayo.

Este es uno de los mecanismos que se activó para reducir el hacinamiento que hasta antes de junio bordeaba el 42% y hoy se ubica en el 38,6%.

Los abogados de los detenidos, que ya cumplieron con el porcentaje del tiempo requerido, aseguran haber enviado a Rehabilitación toda la documentación necesaria para acogerse al beneficio, pero que el proceso se ha “estancado”.

Moncayo advierte que en este momento en su despacho tiene 200 carpetas pendientes para ser analizadas y remitidas a los respectivos magistrados.

La Constitución del 2008 dice que estas causas deben ser conocidas por jueces penitenciarios, especializados en esta materia, pero no existen. Por eso, actualmente las peticiones pasan a los despachos de Jueces de Garantías Penales.

Moncayo indica haberse reunido con las autoridades del Consejo de la Judicatura, para solicitar que se contrate o se nombre a personal especializado en esta temática.

Milton, de 52 años, es un preso que presentó el pedido de prelibertad en diciembre del año pasado y aún no recibe una respuesta. Indica que ya cumplió el 56% de la pena.

En junio del 2010 fue sentenciado a 16 años de cárcel por violación de una niña de 9 años. El sentenciado tenía una tienda y la menor fue a comprar arroz. Las autoridades determinaron que cuando ingresó al local comercial le tapó la boca, la acostó en una cama y la agredió sexualmente.

Además, la amenazó de muerte a ella y a su familia si denunciaban el hecho. Actualmente está recluido en la cárcel de El Inca, en Quito.

En la Fundación Inccadi, que defiende a los presos, dicen que tienen casos de detenidos que ya sobrepasaron el 70% u 80% y aún siguen en prisión. De los 40 casos que conocen solamente cuatro personas han obtenido el beneficio y el resto no tiene respuesta.

Uno de ellos es Carlos. Su abogado entregó la documentación en noviembre del 2018.

Ha cumplido el 83% de la sentencia, pero aún sigue encarcelado. Él fue sentenciado por robo en septiembre del 2017. Un juez ordenó que permanezca recluido dos años y un mes por robar un radio de comunicación, un celular y USD 310 en una caseta de seguridad. Las indagaciones determinaron que en el momento del atraco amenazó con un cuchillo a un hombre.

Cristian es otro detenido que cumplió el 76% de pena y aún no puede acceder al beneficio penitenciario. En enero de este año envió la solicitud y todavía espera una respuesta desde la cárcel de Cotopaxi.

Él fue sentenciado a 16 años por asesinato. El crimen ocurrió en el 2011, en el sector de San Roque, en la capital. Durante una pelea callejera, Cristian empujó a la víctima, quien cayó, se golpeó la cabeza y murió. Al haber cometido el delito antes del 2014, cuando no entraba en vigencia el COIP, el sentenciado debía acceder a la prelibertad cuando cumpliera el 40% de la sanción.

El representante de Inccadi, Víctor Toaregas, dice que la idea de otorgar este recurso es que los detenidos puedan reinsertarse en actividades laborales, familiares, sociales y comunitarias, y por eso pide que los trámites se aceleren.

Además, en Cotopaxi, Ibarra y Santo Domingo, los directores carcelarios coinciden en que una de las vías para frenar la sobrepoblación carcelaria precisamente es agilitar los pedidos de prelibertad.

Armando permanece recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi desde hace 10 años. Le faltan seis para completar la pena por violación. El delito ocurrió en agosto del 2009, en Quito. Cuando cumplió el 40% de la pena su abogado presentó la documentación necesaria, pero aún no tiene una respuesta.

Pasos para solicitar la prelibertad

Solicitud. El director de la cárcel o la persona privada de la libertad presentarán a un equipo técnico del centro una solicitud para acceder a la prelibertad.

Expediente. El director del centro de rehabilitación remitirá a la Dirección de Rehabilitación una carpeta con los requisitos para acceder al beneficio.

Requisitos. El preso tiene que estar en pabellón de mínima seguridad para la prelibertad. Por eso se debe emitir un certificado del nivel de peligrosidad.

Sentencia. El detenido debe cumplir al menos las dos quintas partes de la pena. El director de la cárcel tiene que emitir un certificado de permanencia.

Informe. El equipo técnico de la cárcel tiene que hacer un informe sobre cómo fue la disciplina del recluso. Además, se debe certificar dónde será su vivienda.

Revisión. La Dirección de Rehabilitación revisará el expediente y emitirá un informe. Ese oficio será enviado a un juez para que analice el caso.

Resolución. En una audiencia, un juez decidirá si otorga o no la prelibertad y dispondrá el uso del grillete o la presentación periódica ante una autoridad.

Apelación. Si el magistrado niega el beneficio penitenciario, el sentenciado puede apelar el fallo judicial en la Corte Provincial o esperar seis meses.

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