26 de junio de 2020 00:00

Un total de 971 presos dejaron la cárcel en Ecuador por dos beneficios

Familiares de personas que se encuentran en la cárcel de Cotopaxi elaboraron kits con insumos de bioseguridad

Familiares de personas que se encuentran en la cárcel de Cotopaxi elaboraron kits con insumos de bioseguridad. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)

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Las rejas quedaron atrás. 971 personas dejaron las cárceles de Ecuador entre el 16 de marzo y el 22 de junio de 2020. Se acogieron a dos beneficios.

La prelibertad es el primero. Esta figura legal se aplica a quienes fueron detenidos hasta el 9 de agosto del 2014, cuando estuvo vigente el viejo código penal, tras cumplir al menos dos quintas partes de la pena y probar buena conducta.

Para quienes fueron procesados con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que rige desde el 10 de agosto de ese año, se aplica el régimen semiabierto, con 60% de la pena.

Las peticiones que ingresaron cada mes constan en los archivos de la Dirección de Rehabilitación (SNAI), encargada del sistema penitenciario.

Con la llegada de la crisis, en el sistema carcelario se agilitaron los procesos para otorgar los beneficios, que permitan bajar la población y evitar la propagación del coronavirus.

Las autoridades permitieron que las peticiones se remitan incluso por medios virtuales.

Hubo audiencias telemáticas, pues la Judicatura dijo que no era necesario trasladar al privado de libertad a la cita.

Este Diario halló casos de personas que dejaron sus celdas estos días. Facundo salió en mayo de la Cárcel de Ibarra con prelibertad.

Él fue sentenciado a 10 años por plagio. La pena llegó en el 2016, pero su proceso se juzgó con la ley anterior, pues el delito se cometió en 2013.
Juan, en cambio, dejó la regional de Cotopaxi al acogerse al régimen semiabierto.

Él fue sentenciado a ocho años en el 2015 y hoy está en las calles. Permanece monitoreado por un grillete y tiene que presentarse periódicamente en la Unidad Judicial Norte, en Quito. Además, debe justificar que realiza actividades sociales y productivas.

En medio de la crisis sanitaria, 1 772 presos presentaron sus carpetas para acceder a la prelibertad y al régimen semiabierto. Otros 23 internos buscaron otros beneficios como quinquenio, rebaja de penas y libertad controlada.

En mayo, en pleno apogeo del coronavirus, hubo 591 peticiones. Sin embargo, el beneficio no se les concedió a todos.

Solo pueden salir las personas de mínima peligrosidad.

Las solicitudes son enviadas a los jueces. Aquí existe un problema que reconoce el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo. Señala que no hay suficientes magistrados para analizar los trámites. El funcionario asegura que esto puede provocar una sobresaturación de procesos.

La mayor cantidad de presos que durante la emergencia accedieron a la prelibertad y al régimen semiabierto pertenecen a los centros de privación de Cotopaxi, El Rodeo-Manabí y a la Cárcel de Varones N-1 de Guayas.

Algunos procesos que dieron paso a los beneficios penitenciarios son investigados. De hecho, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió el pasado 5 de junio iniciar un sumario contra la jueza de la Unidad Penal de Garantías Penitenciarias de Latacunga por la entrega de la prelibertad a favor de alias ‘Rasquiña’.

Además, el 18 de junio último se detuvo a nueve funcionarios de la cárcel El Rodeo de Portoviejo, incluido su director. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita y fraude procesal en trámites para otorgar beneficios a presos de alta peligrosidad.

Mientras esto se investiga, familiares de otros presos que cumplirían los requisitos para recibir beneficios se quejan por la falta de atención. Sandra dice que lleva tres meses pidiendo que se le otorgue la prelibertad de su esposo, detenido por tráfico de drogas.

Ella es una de las mujeres que el martes coordinó la recolección de kits de insumos de bioseguridad, para entregar en las cárceles. Desde el inicio de la pandemia se ha reportado el contagio de 699 internos.

Marco Jurado, de la Fundación Inccadi, que trabaja con personas privadas de la libertad, señaló que durante la emergencia ha tenido problemas para iniciar o completar el trámite de prelibertades que patrocina esta organización.

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