29 de abril de 2020 00:00

Presos son aislados al presentar cuadros graves de salud

Así permanecían ayer los exteriores del Centro de Detención de Quito.

Así permanecían ayer los exteriores del Centro de Detención de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)

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La pandemia desatada por el covid-19 hizo que la Secretaría de Rehabilitación pusiera en marcha un protocolo para reducir el riesgo de contagio, en especial entre los presos considerados vulnerables.

Un estudio del Ministerio de Salud, levantado el año pasado, señala que en el país existen 3 198 detenidos con algún tipo de patología previa.

En esa lista aparecen personas que padecen diabetes, hipertensión, sida, cáncer, tuberculosis o enfermedades respiratorias. Por eso, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aisló a este grupo, para evitar cualquier problema de salud.

Las autoridades dicen que la medida tiene base científica, pues esas patologías generan mayor riesgo para contraer el covid-19. El Ministerio de Salud detalló estos factores de riesgo en un documento denominado Consenso Interno Multidisciplinario.


El director del SNAI, Edmundo Moncayo, señala que en las cárceles se han creado zonas especiales conocidas como pabellones de prioridad. Están alejadas del resto de presos, siempre son desinfectadas y en ellas se deben usar guantes y mascarillas.

Dentro de los grupos vulnerables, el SNAI también situó a los presos con más de 65 años e internas en estado de gestación. En total, 3 734 internos tienen estas características.

Moncayo sostiene que se ha garantizado el tratamiento médico de pacientes crónicos y se ha buscado la reducción del hacinamiento. Hasta el lunes último se reportaba un 31,9% de sobrepoblación carcelaria, una cifra menor al 34,9%, que se registraba al inicio de la emergencia.

Los familiares de presos con algún tipo de vulnerabilidad sienten preocupación. Paolo Mantilla es hijo de un interno de 72 años. Tiene una sentencia por violación y cumple su pena en Cotopaxi. Espera que su padre, quien ya completó el 40% de la condena, pueda acogerse a la prelibertad. Por eso planteó formalmente el pedido.

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Gabriel Garcés sostiene que el Gobierno debe emitir una directriz para agilitar la excarcelación por razones humanitarias. Cuenta que su papá, quien ha pagado 10 de los 25 años, tiene una afección al corazón y que necesita un tratamiento médico.

Él sabe que en tres cárceles ya existen casos confirmados de covid-19. En el Centro de Detención Provisional de Quito se han contagiado seis presos y uno falleció.

En cambio, otro que sufría de presión alta tuvo que ser internado en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde se recupera. Su hija aspira a que cuando reciba el alta no regrese a la prisión.

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Debido al tiempo que estuvo intubado, su padre desarrolló insuficiencia renal.

Pidió a las autoridades que al menos durante la emergencia cumpla su pena en casa.

En la cárcel de Ambato también murió otro reo.

En la Cárcel 4, en Quito, el exjefe de la Policía Fausto Tamayo es uno de los afectados .Su esposa dice que la diabetes y la hipertensión complicaron el cuadro clínico.

El Servicio de Rehabilitación prepara un informe para determinar las afecciones de todos los internos.

¿Cómo han actuado las autoridades carcelarias en otros países? El 14 de abril pasado, el presidente colombiano, Iván Duque, emitió un Decreto en el que estableció las condiciones para que 4 000 presos dejen las cárceles y cumplan las pena en sus domicilios.

Entre los beneficiarios están personas mayores de 60 años que no hayan sido condenadas por delitos de narcotráfico, desplazamiento forzado, genocidio, terrorismo, etc.

También están madres embarazadas, enfermos con cáncer, VIH, insuficiencia renal, insulinodependientes, entre otros males complicados.

En Perú, el Ministerio de Justicia tomó una medida similar para 3 000 privados de libertad. La intención es que no sean contagiados con el coronavirus y que se frene la propagación de la enfermedad.

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