24 de mayo de 2018 12:22

Presidenta de la Asamblea señala que las pérdidas por la corrupción suman USD 24 000 millones

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo en su discurso ante el Pleno, que las pérdidas por la corrupción para Ecuador serían de USD 24 000 millones. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo en su discurso ante el Pleno, que las pérdidas por la corrupción para Ecuador serían de USD 24 000 millones. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

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Diego Puente
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La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, señaló hoy 24 de mayo del 2018, que las pérdidas por la corrupción para Ecuador serían de USD 24 000 millones. Esta es la misma cifra que maneja la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización civil que fue criticada por el exmandatario Rafael Correa.

“Esta cifra equivale a la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social, para pagar las jubilaciones de los maestros, para un transporte público de calidad, para crear un programa nacional de rehabilitación de adicciones”, señaló.

Antes de la presentación del Informe a la Nación por parte del presidente Lenín Moreno, Cabezas ofreció crear una Ley que permita recuperar el dinero de la corrupción de los funcionarios públicos. “La ciudadanía demanda justicia, reparación y recuperación del dinero que pertenece a todos los ecuatorianos. Los procedimientos ordinarios de la legislación no son suficientes y en muchos casos crean nuevas cadenas de corrupción”.

En el discurso, Cabezas cuestionó la forma de ejercer política del gobierno anterior. “Hace un año –cuando se agotaron las formas de poder cerradas, autoritarias y clientelares- el Ecuador votó por un nuevo tipo de liderazgo. Eligió una conducción política diferente, que entiende la acción pública como la colaboración de actores nacionales”.

La Presidenta de la Asamblea señaló que durante su administración se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo y se realizaron las reformas a las leyes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de Seguridad Social y también la derogatoria a la Ley de Plusvalía.

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