13 de enero de 2021 15:00

16 prefecturas presentan demanda de inconstitucionalidad por la deuda pendiente del Gobierno Nacional

Los prefectos de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Carchi acudieron a la Corte en Quito. Foto Cortesía Congope.

Los prefectos de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Carchi acudieron a la Corte en Quito. Foto Cortesía Congope.

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Andrea Medina

El incumplimiento de los acuerdos de pago de la deuda pendiente que tiene el Gobierno Nacional y los recortes a las asignaciones de las prefecturas del país motivaron a que 16 gobiernos provinciales presentaran una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

La medida se presentó la mañana de este miércoles 13 de enero de 2021 en Quito. El documento fue presentado por los prefectos de Imbabura, Pablo Jurado; Pichincha, Paola Pabón; Cotopaxi, Jorge Guamán y Carchi, Guillermo Herrera.

“Los recortes presupuestarios están haciendo mucho daño no solo a los prefectos y prefectas sino a nuestros territorios, a nuestras parroquias rurales particularmente, que es donde nosotros trabajamos” indicó Jurado, quien también es presidente del Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope).

Los gobiernos provinciales demandan la inconstitucionalidad del artículo 118 del Código Orgánico de Organización y Finanzas Públicas, que faculta al Gobierno Nacional realizar ajustes cuatrimestrales, que según los prefectos ponen en riesgo la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Según el titular del Congope, la reducción de los recursos afecta a la ejecución de varias obras que están estancadas. “Se está violentando la autonomía. Ya estamos cansados de que nos pongan tantas etiquetas. A la final somos gobiernos autónomos descentralizados, más aún cuando nosotros también estamos ayudando a enfrentar la pandemia”.

Sobre las transferencias mensuales que les corresponden a estos gobiernos, dijo Jurado, ya se ha cancelado hasta el momento la cuota de octubre del 2020, correspondiente al monto de equidad territorial. Es decir que están pendientes los pagos de noviembre y diciembre. “Pero no nos preocupa los retrasos, nos preocupan los recortes”.

A la Prefectura de Carchi, por ejemplo, le correspondía cada año cerca de USD 2 millones. Pero, por los recortes anunciados por le Ejecutivo, la provincia solo tendrá USD 747 000. El monto para Imbabura, que recibía cerca de USD 2 200 000, también variará a USD 906 000.

“Hemos llegado a diálogos, pero eso no se ha cumplido”, insistió Jurado sobre los acercamientos con el Gobierno Nacional.

Cifras del Congope dan cuenta de que actualmente el Gobierno les adeuda USD 679 millones, de los pagos pendientes y también por los convenios Fingad, firmados entre las prefecturas y el Ejecutivo en años anteriores.

“Queremos decirle al ministro (Mauricio) Pozo, que usted debe cumplir una función en favor de todos los ecuatorianos que no nos afecte a los menos débiles, sus incumplimientos están generando pobreza en el sector rural del país”, señaló el prefecto Herrera.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, indicó que la demanda presentada esta mañana también tiene el respaldo de los trabajadores y sindicatos de las prefecturas. “A nosotros nos preocupan las obras. En el caso de Pichincha, son casi seis meses que el Gobierno Nacional no nos ha cancelado los recursos. La deuda asciende a USD 50 millones”.

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