13 de octubre de 2020 00:00

71 contratos, revisados por irregularidades en la Prefectura del Guayas

La Prefectura del Guayas tiene almacenados documentos históricos de contratos. Foto: Cortesía / Prefectura del Guayas

La Prefectura del Guayas tiene almacenados documentos históricos de contratos. Foto: Cortesía / Prefectura del Guayas

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Fernando Medina

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Las investigaciones por presuntos actos de corrupción dentro de la Prefectura del Guayas revelan nuevas irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos.

Equipos de la Fiscalía, Contraloría y de la misma institución analizan cientos de documentos para determinar posibles inconsistencias en los procesos de licitaciones.

Reportes oficiales, a los que tuvo acceso este Diario, indican que al menos 71 contrataciones son revisadas, ya que no se encontraron respaldos legales, no existe documentación física ni tampoco aparecen las actas que indiquen el cumplimiento de las obras.

De hecho en los archivos de la Prefectura permanecen adjudicaciones, desde el 2002 hasta el 2020, sin concluirse.

Cinco personas de la institución se encargan de verificar uno por uno los contratos que se firmaron en esos años. Los primeros análisis revelan que hasta el 2016 se concretaron 38 licitaciones, por un monto total de USD 7,7 millones. De esa cifra, la institución entregó como parte de anticipos
USD 3,9 millones.

Entre tanto, desde el 2016 hasta el 2020 se firmaron 33 adjudicaciones. El perjuicio económico por estos casos aún está por determinarse. La Fiscalía y la Contraloría tienen en su poder esos archivos.

Uno de esos casos se inició en mayo pasado. A finales de ese mes, la Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades en las adju­dicaciones de contratos durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.

Decenas de computadoras y de cajas con documentos contractuales fueron incautadas. El análisis de esos insumos revelaron que la Prefectura firmó licitaciones con empresas fantasmas. Por esos hechos, el próximo 22 de octubre se realizará una audiencia preparatoria de juicio en contra de 12 personas. Entre ellas están familiares y exfuncionarios del fallecido Carlos Luis Morales, exprefecto del Guayas.

En los últimos cinco meses, 100 trabajadores de la Prefectura han sido separados por sospechas de actos de corrupción. Los nombres de esos excolaboradores reposan en los expedientes de la Fiscalía.

Los agentes indagan un presunto tráfico de influencias.
La actual prefecta del Guayas, Susana González, conoce de estos hechos y dice que ha pedido a la Contraloría que se realicen dos exámenes especiales. El borrador de uno de estos informes se conocerá la próxima semana.

González también ha manifestado la necesidad de imponer multas a las contratistas incumplidas. Actualmente ella lidera una pugna legal en contra de dos concesionarias, por un presunto incumplimiento en la ejecución de obras y mantenimiento de vías de la provincia. Uno de los casos llegó a manos del juez Denis Ugalde. Hace cinco días, el magistrado dejó sin efecto una multa de USD 21 millones que la Prefectura impuso a la concesionaria.
En la acción judicial se analizaron los términos del contrato, que se adjudicó en octubre de 1998. La concesionaria argumentó que sí cumplió las obras, pero la Prefectura lo desmiente y anunció que impugnará el fallo.

Las multas a contratistas por incumplimiento en las obras no es algo nuevo. En los archivos de Contratación Pública de la Prefectura, este tipo de sanciones se impusieron a 21 contratistas en 14 años. Los valores por estos conceptos alcanzaron los USD 2,4 millones, según la entidad.

Sin embargo, no hay documentos que respalden que ese dinero entró a las arcas de la institución. Por eso, la Prefectura también ha entregado esa información a la Fiscalía.

Uno de esos casos es la contratación de una empresa en el 2016, para el mantenimiento con asfalto de carreteras de la provincia. La adjudicación se firmó por un valor de USD 1,7 millones. El tiempo de la obra era de 210 días. Cuatro años después de la firma del contrato, los documentos de cumplimiento no aparecen.

Algo similar sucede con otra contratación que se realizó en el 2010, sobre el mejoramiento de una carretera de 8 kilómetros en el cantón Daule. Los archivos indican que la licitación se firmó por USD 503 186. La contratista pidió un anticipo del 50%, pero tampoco cumplió. La obra tuvo que esperar seis años para ejecutarse.

Otras anomalías que han hallado los equipos de investigación en torno a los contratos se relacionan con los representantes de las empresas adjudicadas. Hay una lista de compañías cuyos dueños están muertos, desaparecidos o simplemente sus datos no existen. La Policía los rastrea.

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