29 de septiembre de 2019 12:26

Prefectura del Guayas y Armada acuerdan dar por terminado contrato para dragado en el río Guayas

Prefectura del Guayas terminan el contrato para el dragado del río Guayas. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

Prefectura del Guayas terminan el contrato para el dragado del río Guayas. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

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Redacción Guayaquil

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La Prefectura del Guayas y la Armada Nacional dieron por terminado definitivamente el contrato para el dragado en la zona adyacente del islote El Palmar, en el río Guayas, frente a Guayaquil.

Así lo dio a conocer el prefecto de la provincia, Carlos Luis Morales. A través de su cuenta en Twitter, afirmó que ambas instituciones firmaron un documento con el que se cesó el contrato con el Servicio de Dragas (Serdra).

Con ello, Morales afirmó que tras ese acuerdo, la Armada devolverá al Gobierno Provincial el respectivo anticipo. “La Armada Nacional ha desistido expresamente de la medida cautelar que presentó”.

“Ni la Armada Nacional, ni el Gobierno Provincial del Guayas, como tales, han cometido irregularidades. Éstas las han cometido ciertos funcionarios de la Armada y de las anteriores administraciones del Gobierno Provincial. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los mismos las establecerán las autoridades competentes”, afirmó Morales.

El prefecto insistió en su vídeo difundido el pasado 27 de septiembre del 2019 que en los próximos días se convocará a un nuevo concurso nacional e internacional, "que sea público, transparente, competido y a precios totalmente convenientes".

Ese concurso, dijo, se basará en estudios técnicos y completos que abordarán la solución integral que no solo es la remoción del islote El Palmar, sino que incluya medidas para que esta situación no se repita.

La polémica había surgido luego de que en agosto pasado, la Prefectura decidió terminar unilateralmente el contrato pese a que había un acuerdo con la Armada para concluir el convenio de mutuo acuerdo.

Frente a ese escenario, la Armada interpuso a inicios de septiembre medidas cautelares que fueron admitidas por un juez de garantías constitucionales, lo que dejó sin efecto jurídico la decisión del Gobierno Provincial.

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