Prefectura de Chimborazo gestiona contratos de publicidad institucional durante emergencia sanitaria

Agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron el edificio del Gobierno Provincial de Chimborazo para recabar información sobre la contratación de consultorías y publicidad para fortalecer la imagen institucional durante la emergencia. Foto: Cr

Agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron el edificio del Gobierno Provincial de Chimborazo para recabar información sobre la contratación de consultorías y publicidad para fortalecer la imagen institucional durante la emergencia. Foto: Cr

La noche del jueves 23 de abril, la fiscalía allanó las instalaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo. Foto: Cristina Márquez/El Comercio.

Dos procesos contractuales por USD 345 909 para publicidad, fortalecimiento de la imagen institucional, elaboración de videos e informes de la gestión del Gobierno Provincial de Chimborazo son investigados por la Fiscalía.

Los procesos se subieron al portal del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), el 1 y 15 de abril del 2020, cuando en el Ecuador ya se había declarado el estado de emergencia por el covid-19.

Según especialistas en contratación pública, ambos incumplen con la disposición emitida por el Sercop el 16 de marzo del 2020, en la que se indica que las entidades públicas priorizarán las contrataciones durante la emergencia sanitaria.

Además, en un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas se alerta a las entidades públicas que durante el segundo trimestre del año están restringidas las partidas presupuestarias relacionadas con servicios no emergentes, como la publicidad y los servicios comunicacionales. Sin embargo, el Gobierno Provincial continuó con el proceso de contratación.

Para Alejandro Ruiz, abogado de Legal Consulting, los contratos también vulneran los derechos constitucionales de los habitantes de la provincia debido a que los fondos públicos deben invertirse en requerimientos urgentes como pruebas rápidas de covid-19 o sistemas de desinfección. “Queremos que la jueza ordene al Gobierno Provincial pedir disculpas públicas a sus mandantes, por eso impusimos una acción de protección”, señaló.

Él y otro abogado del consorcio, quienes presentaron una demanda en el Consejo de la Judicatura de Chimborazo, fueron atacados por dos hombres desconocidos la tarde de hoy, viernes 24 de abril del 2020. En sus redes sociales los abogados denunciaron que buscan amedrentarlos por la demanda.

Uno de los procesos contractuales se subió a la plataforma de compras públicas el 1 de abril del 2020. En el detalle se indica que por USD 90 400 buscan un proveedor de servicios comunicacionales y fortalecimiento de la imagen institucional.

El contrato se adjudicó el 8 de abril del 2020 a Jonás B., propietario de Visualrex. Esa empresa también fue contratada en noviembre del 2019 para proveer de servicios publicitarios al Gobierno Provincial por USD 30 000.

Uno de los requisitos indicados en el proceso de contratación para los postulantes es contar con cinco años de experiencia en producción audiovisual y comunicación. Sin embargo, Visualrex, una empresa domiciliada en Quito, fue registrada en la Superintendencia de Compañías en el 2018.

El otro proceso se subió a la plataforma de compras públicas el 15 de abril del 2020. En el detalle se indica que por USD 255 509,02 se busca un proveedor para la difusión, promoción, programación, impresión y pautaje de las actividades que desarrolla el Gobierno Provincial.

Solo dos días después, el 17 de abril, el contrato se adjudicó a María Elena Villareal, quien fue gobernadora de Carchi durante el mandato de Rafael Correa. La mañana del jueves 23 de abril, en el portal de compras públicas se indicó que después de haber sido adjudicado el proceso se declara desierto debido a inconsistencias, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicario.

En un tweet, la Fiscalía General del Estado informó que investiga presuntos delitos en las contrataciones, por lo que la noche del jueves 23 de abril, allanó las instalaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo. Los agentes incautaron cinco computadoras y varias cajas de documentos para la investigación.

César Robles, abogado personal del Prefecto, llegó a las instalaciones del Gobierno Provincial mientras se cumplía la diligencia. Él indicó que Cruz “cumple con una apretada agenda en la provincia debido a la emergencia”, por lo que no acudió personalmente.

Al sitio también llegaron funcionarios del Gobierno Provincial. Una mujer, quien dijo ser comunicadora, agredió verbalmente a un grupo de periodistas que realizaba la cobertura del allanamiento. La agresión quedó registrada en las grabaciones de los camarógrafos.

En un comunicado que la Prefectura emitió este viernes 24 de abril de 2020, informó que prestará todas las facilidades para que se lleve a cabo la investigación y se esclarezca cualquier entredicho sobre los procesos contractuales. “Rechazamos todo accionar mediático y sensacionalista que busque mancillar el trabajo y el buen accionar de la actual administración”, se indica en el comunicado.

Este Diario trató de contactar al prefecto Juan Pablo Cruz y al comunicador institucional, pero sus teléfonos permanecieron apagados.

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