Los prefectos provinciales del país se movilizan por el trámite que dará la Comisión Legislativa y de Fiscalización al Código Territorial, que el Gobierno Nacional presentó el viernes.
El proyecto de ley, que tiene 362 artículos, sustituye las leyes de Régimen Municipal, Provincial, de Juntas Parroquiales Rurales y la que distribuye el 15% del Presupuesto del Estado para los Gobiernos Seccionales.
En la mañana de ayer, el prefecto reelecto de Pichincha, Gustavo Baroja se reunió en su despacho con varios prefectos de la Serranía. El objetivo fue conocer la versión final del proyecto de ley, que fue presentado el viernes anterior.
Antes de la reunión, el prefecto del Carchi, René Yandún, indicó que uno de los temas de preocupación es conocer las fuentes de financiamiento de las prefecturas, pues con el proyecto de ley se están eliminando las actuales.
También indicó que es necesaria la aprobación del proyecto para que los nuevos gobiernos provinciales se puedan constituir al amparo de las disposiciones constitucionales aprobadas en Montecristi.
Para hoy está prevista otra reunión. En esta ocasión el encuentro será en el centro de convenciones Simón Bolívar de Guayaquil y es convocada por el prefecto electo del Guayas, Jimmy Jairala, del movimiento UNO.
En la reunión denominada Los retos de la futura gestión de los prefectos provinciales, se tratará el nuevo marco jurídico que plantea el borrador del Código Territorial, que se discutirá en la Comisión Legislativa. En este proyecto de ley, seis de las nueve competencias de los gobiernos provinciales son las mismas que de los futuros gobiernos regionales y eso es motivo de preocupación para Jairala.
En la cita se buscará el mecanismo para que los prefectos electos participen en el debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial en el Legislativo.
Además, se discutirán las facultades y atribuciones de los prefectos (as) y viceprefectos (as) provinciales y de los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales según el proyecto de ley.
Todo esto en el marco de la Constitución de la República y el Ordenamiento Jurídico Secundario que establece nuevos roles de los gobiernos seccionales.