El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, negó que la Prefectura tenga responsabilidad en el caso de la hidroeléctrica Manduriacu. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La mañana de hoy jueves 24 de septiembre del 2015 el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, rechazó la denuncia que en su contra realizara esta semana la Comisión Anticorrupción por la construcción del proyecto Manduriacu.
La Comisión Anticorrupción, conformada por ciudadanos afines a organizaciones sindicales, de jubilados y colegios profesionales, denunció el martes pasado un supuesto perjuicio para el Estado por USD 102,5 millones en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu que fuera inaugurada en marzo pasado.
Según la denuncia, las supuestas deficiencias en estudios de factibilidad realizado para la construcción de la central provocaron una serie de cambios y ajustes durante la ejecución de la obra y ello devino en un incremento del precio en más del 80% respecto al proyectado inicialmente.
Estos estudios de factibilidad fueron contratados por Hidroequinoccio en años pasados, empresa que pertenecía a la Prefectura de Pichincha y cuyo directorio presidía Baroja. Por ello, la Comisión estableció presuntas responsabilidades en su contra.
No obstante, Baroja rechazó que los estudios tuvieran deficiencias y argumentó que la misma Contraloría ha reconocido que no ha auditado el trabajo de Hidroequinoccio ni sus estudios.
“¿Cómo se puede decir que los estudios estuvieron mal hechos si ni siquiera han sido auditados?”, manifestó hoy Baroja frente a decenas de empleados de la entidad y medios de comunicación que acudieron a una rueda de prensa en auditorio ubicado en el quinto piso de la Prefectura.
Baroja dijo estar abierto a cualquier auditoría de la Contraloría respecto al tema e indicó que él mismo llamará a los representantes del organismo de control.
Desligó cualquier tipo de responsabilidad en la construcción de Manduriacu al señalar que todos los derechos que tuvo Hidroequinoccio sobre el proyecto fueron cedidos a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en noviembre del 2010.
De hecho, a través de un comunicado de prensa la Celec dijo que el proceso precontractual y contractual de Manduriacu estuvo a su cargo y que no tiene ningún vínculo con la Prefectura de Pichincha.
La Celec señaló que el informe de la Comisión Anticorrupción “constituye una colección de errores y distorsiones en información técnica, costos, nombres, fechas, lugares, etc.”
La entidad afirmó que la Comisión compara “en forma equivocada, el valor del contrato suscrito entre la Celec y la Contratista (Odebrecht, ndlr), con el presupuesto total del perfil del proyecto aprobado por la Senplades, sin tener en consideración que el contrato de construcción constituye apenas uno de los componentes del perfil del proyecto, que incluye adicionalmente otros conceptos como son los costos correspondientes a administración, fiscalización, adquisición de terrenos, plan de manejo ambiental, impuestos, etc.”
El comunicado, sin embargo, no detalló los montos de cada uno de estos rubros ni diferenció cuánto finalmente se pagó a Odebrecht, empresa brasileña con la que se firmaron tres contratos complementarios al principal en Manduriacu.
Baroja rechazó reiteradamente el informe de la Comisión Anticorrupción e insistió en que tomará acciones legales contra sus miembros por atentar contra su dignidad. “¿Cuál es su intención política?”, se preguntó Baroja al finalizar su intervención.