Los televisores, lavadoras,impresoras,computadoras… fueron los artículos de más demanda en Tulcán y en Huaquillas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
En los almacenes de Huaquillas (El Oro) y de Carchi , aún es posible encontrar productos como: televisores, impresoras, computadoras, lavadoras… a precios inferiores a los del interior del país.
Se trata de los últimos artículos que ingresaron como parte de la canasta comercial, libre de salvaguardias y aranceles.
Sin embargo, esa mercadería está punto de acabarse. En Comercial Segarra, de Tulcán, por ejemplo, quedan en ‘stock’ 50 televisores, de los 800 que se importó como parte de la canasta que estuvo en vigencia de octubre del 2015 a mayo de este año, en esta localidad.
La medida que se implementó en las provincias de Carchi, Sucumbíos, Orellana, Loja y en el cantón Huaquillas (El Oro) buscaba estimular la actividad comercial, afectada por la constante devaluación de las monedas de Colombia y de Perú frente al dólar.
Pero con el desmontaje final de las salvaguardias sobre 2 152 tipos de productos, que se aplicó a partir del 1 de junio, se eliminó también la canasta.
Con ello retornó el clima de incertidumbre entre los comerciantes fronterizos. Ahora, los propietarios de almacenes de Huaquillas y Carchi temen que el precio de los artículos se incrementen entre 20 y 40%.
William Segarra, comerciante del norte del país, comenta que aunque se eliminaron las salvaguardias y bajó el IVA, los productos aún pagan otros tributos, como aranceles que no se han eliminado.
Explica que en el caso de los negociantes que se beneficiaban de la canasta, ahora deberán pagar obligaciones como los aranceles específico y ad valorem, además del 12% del IVA y 0,5% del Fondo de Desarrollo para la Infancia (Fodinfa) y el impuesto a la salida de divisas, que venían cancelando aún con esa estrategia de ayuda estatal.
En cifras, eso significa que una pantalla de 40 pulgadas, que con la aplicación de la canasta comercial se podía vender a USD 583, ahora costará USD 780.
Óscar Morán, administrador del Comercial Xiomara, en Huaquillas, provincia de El Oro, teme que con los nuevos valores los compradores de Guayas, Azuay y de otros cantones orenses también dejen de llegar para hacer compras.
Morán comenta que con la finalización del beneficio deberán pagar un arancel que varía de acuerdo con el producto por las nuevas adquisiciones que realicen en el exterior.
“La canasta comercial permitió que nuestros precios casi se equiparen a los de Aguas Verdes (norte de Perú). Durante el último año fuimos más competitivos”.
Pero ahora volvemos a estar en desventaja, asegura. “Además, los clientes preferirán comprar en el interior del país o volver a cruzar las fronteras”.
En Comercial Xiomara un televisor de 43 pulgadas costaba, con la canasta, USD 390. Ahora sin ese beneficio la misma pantalla aumentó a 450. Mientras que en Perú el precio promedio es de USD 380.
Gandi Chamba, presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas, reconoce que con la canasta fronteriza se dinamizó la economía del cantón.
“Desde que empezó a regir en junio del 2016, las ventas aumentaron notoriamente”.
Por ello, anotó, están trabajando junto a las cámaras de Comercio de Tulcán y de Esmeraldas para presentar al Gobierno una propuesta que se resume en una Ley Especial para esas jurisdicciones.
La idea es proteger el comercio en estas zonas de frontera, a través de las subpartidas que estaban bajo la canasta: televisores, celulares, impresoras, entre otros.
Mientras tanto, los comerciantes carchenses plantean que, mientras se apruebe una normativa, se amplíe la vigencia de la canasta comercial.
Según José Tatés, directivo de la Cámara de Comercio de Tulcán, se podría extender al menos hasta que se ocupen los USD 54 millones que se aprobaron para la canasta de esta provincia. Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), hasta abril pasado se utilizaron USD 13 millones en Carchi.
En las cinco localidades en donde rigió la canasta comercial se usaron, en ese mismo período, un total de USD 18,6 millones de los 247 millones proyectados por el Estado, para ingresar mercaderías.
Mientras que los beneficiarios fueron 1 884, de los 45 946 autorizados en las cuatro provincias y un cantón.
Según Jaime Bastidas, presidente del Comité Cívico para la Reactivación Económica del Carchi, hubo tres falencias para que no se aprovechase mejor este programa.
La primera fue la falta de experiencia de los comerciantes con este mecanismo, que se aplicó por primera vez en el país. A ello hay que sumar la falta de capital para invertir en las transacciones. Y, finalmente, algunos comerciantes no se arriesgaron a poner capital en un mecanismo nuevo.
En contexto
La finalización de la canasta comercial preocupa a los negociantes de las localidades fronterizas ecuatorianas. Sin este beneficio estatal, temen perder espacio y que se agudice la crisis comercial.