Con 9 asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización
instaló la sesión para recibir a consejeros del CNE. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional
En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se ventilaron el martes 14 de enero del 2020 denuncias de irregularidades en los pasados comicios seccionales y también de repartos y pugnas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las denuncias fueron presentadas por el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, y el consejero Luis Verdesoto, quienes comparecieron a la mesa parlamentaria como parte del proceso de juicio político que afronta la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.
Pita llegó con un organigrama en el que señaló que las coordinaciones y direcciones del Consejo son controladas por la mayoría del organismo compuesta por Atamaint y los vocales Esthela Acero y José Cabrera.
Agregó que para los pasados comicios seccionales esa misma mayoría designó a 22 presidentes, 21 vicepresidentes y 21 secretarios de juntas provinciales electorales. Mientras que él y Verdesoto nombró a dos en cada caso.
Lo dicho por Pita llevó al vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero, a concluir que en el organismo “hay una lucha intestina” entre las autoridades como producto de “un mal reparto de torta”, apuntó el independiente Ángel Gende, que desviaban los motivos por los que los consejeros habían sido convocados.
Verdesoto sostuvo que el caso de Luis Loyo, exdirector de procesos electorales, sentenciado a un año de cárcel por tráfico de influencias, puede ser catalogado como la “punta de una estructura de corrupción dentro del CNE”.
Por su lado, Acero se negó a responder si ella recomendó la contratación de Loyo, pese a los señalamientos de Verdesoto y a las insistencias para que responda “sí o no” por parte de Jeannine Cruz y Fernando Flores, del bloque de Creo, quienes impulsan este proceso.
El asambleísta independiente Fabricio Villamar, quien también participó de la sesión, incluso mostró fotografías en las que la ahora vocal del CNE aparece junto al exfuncionario en actos de campaña.
“Creo que todos somos o debemos ser juzgados por nuestros actos. Cualquiera que hubiera recomendado a determinado ciudadano para que ocupe determinado cargo no es culpable ni debe ser juzgado por sus actos. La justicia debe hacer su trabajo”, remarcó Acero.
La oficialista Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, zanjó los cuestionamientos de los legisladores al recordar que Acero no es objeto de este proceso de interpelación, sino la Presidenta del CNE.
Si bien Verdesoto y Pita se negaron a sugerir que Atamaint sea censurada por la Asamblea, al ser consultados por los asambleístas interpelantes, la acusaron de no haber actuado frente a las quejas que en su momento ellos le habían advertido sobre Loyo.
Los dos consejeros de minoría del CNE, a su vez, deslindaron sus responsabilidades en temas como la falta de pronunciamiento del Pleno del organismo ante un pedido de consulta popular del colectivo Yasunidos. Señalaron que a ella le corresponde realizar las convocatorias del Pleno y definir los temas a tratar.
Con relación a las denuncias de irregularidades en los pasados comicios seccionales de Los Ríos, que retrasaron 84 días la entrega de credenciales a las autoridades electas, Pita manifestó que no fue un hecho aislado.
Afirmó que de un análisis realizado se determinó que existieron 9 557 juntas receptoras del voto que tuvieron actas con diferente número de sufragantes, en algunos casos con diferencias de 100 votantes.
“Las 9 557 representan el 24% del total de 40 276 juntas en todo el país”, agregó al señalar que esta “manipulación” pudo afectar a cantones pequeños como Mocache.
Además, según Pita, de 3 188 actas recontadas en la provincia del Guayas, 2 480 no contaron con firmas de delegados de las organizaciones políticas. Es decir, el 78%. Agregó que desconoce si cambiará el sistema informático para las elecciones generales de 2021.
El asambleísta Gende apuntó que eso debe ameritar una denuncia penal. Sin embargo, el Vicepresidente del CNE manifestó que el material de los últimos comicios ya fue destruido, en caso de requerirse pericias. El asambleísta Flores comparó a Atamaint con Tibisay Lucena, presidenta del polémico Consejo Electoral de Venezuela.
Por su lado, José Cabrera reclamó a los consejeros de minoría por no asistir al Pleno del organismo para la toma de decisiones. Defendió la gestión de Atamaint, quien acudirá el 22 de enero para presentar sus descargos en la Comisión de Fiscalización. Señaló que si no se ha aplicado una auditoría electoral fue porque primero debe elaborarse un nuevo reglamento.
Por último, Cabrera anunció que planea presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por multa de USD 8 000 que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a la mayoría de la que forma parte por el proceso en Los Ríos, al señalar que “no estaba debidamente motivada” y se vulneró su derecho a la defensa.
Las comparecencias de Pita, Verdesoto, Cabrera y Acero, tomaron siete horas. La Comisión continuará este miércoles con muevas comparecencias y prevé aprobar un informe hasta el 27 de enero.