2 de October de 2011 00:08

Dos visiones opuestas diseccionan el 30-S

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Una vez  que el oficialismo  conmemoró el día en que, a su juicio, triunfó la democracia, dos analistas políticos reflexionan sobre este hecho. ¿Qué significó  la revuelta policial? Mientras Iván Carvajal advierte un proyecto de más control para Correa; Alexei Páez dice que el golpismo está latente.

 ‘El Gobierno no logró probar sus tesis pese a su poder’

Iván Carvajal A. ivcarvj@hotmail.com

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No cabe festejo alguno, de ninguna supuesta victoria democrática. Cabe, sí, reclamar justicia para las víctimas. Y reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el Ecuador.

Ni al ciudadano común, ni siquiera a los medios de comunicación, les corresponde demostrar si hubo golpe el 30-S. El Gobierno no ha logrado probar sus aseveraciones —hubo golpe, secuestro e intento de magnicidio—, a pesar del control que tiene sobre los aparatos de investigación y el sistema de justicia.

Quien debería probar que hubo golpe es el Fiscal. Y el aparato judicial, apegándose a las normas jurídicas, debería dictar las sanciones penales correspondientes. Los ciudadanos del común sí sabemos que hubo una insubordinación policial. Que frente a ella hubo una respuesta de extrema imprudencia, por decir lo menos, del presidente Correa: acudir al cuartel policial y desafiar a los insubordinados. Quien trate de justificar esa decisión bajo el supuesto de que si no iba al cuartel se consumaba el golpe, insulta nuestra inteligencia.

¿Qué hubiese sucedido si como consecuencia de ese acto imprudente  perdía la vida?... Hubo actos de barbarie, por completo repudiables. Hubo muertos, heridos… Pero hasta hoy apenas si nos han contado el argumento de una mala novela, la conspiración contra la revolución ciudadana. Más allá de esta  novela, lo importante ahora es preguntarnos sobre la posibilidad de alguna democracia en nuestro país.

En apariencia, Correa ha logrado concentrar todo el poder en sus manos. La novela del 30-S —que no debemos confundir con los legítimos reclamos de justicia para las víctimas y de veracidad, de cara a la opinión pública— ha servido para que el Régimen dé curso a la concentración total del poder político: consulta, reforma del aparato judicial, control de la Asamblea Nacional, imposición de leyes y de decisiones por sobre las negociaciones y acuerdos, e incluso por sobre las condiciones de la realidad.

Se han utilizado normas dictadas por regímenes dictatoriales o que en otros lugares han sido suprimidas por antidemocráticas: dirigentes indígenas acusados de terrorismo y sabotaje, personas encarceladas por atentar contra la majestad del poder, juicios (con cárcel e indemnizaciones millonarias) por injuria calumniosa por artículos de opinión…

¿Dónde quedó entonces el supuesto avance democrático de la revolución ciudadana? La Constitución de Montecristi, a la par que consignó el Estado no solo de Derecho sino de derechos —el liberalismo extremo—, creó las bases para la concentración del poder en el Ejecutivo —la destrucción de la democracia liberal, parlamentaria.

Puso al servicio de este propósito los mecanismos de la “democracia plebiscitaria”. Con ello, en la Asamblea de Montecristi se plasmó la contradicción entre los anhelos democráticos y los impulsos autoritarios de la revolución ciudadana.

Es una falacia, que mantiene cierta vieja izquierda, que se requiere un Ejecutivo fuerte para impulsar la justicia social. ¿Es posible alcanzar la equidad social sin libertad, sin ampliación de la democracia?  Por esa vía, y con toda la planificación tecnocrática como soporte, como se puede ver en múltiples experiencias históricas, solo se llega al capitalismo de Estado, a un autoritarismo al servicio de nuevas oligarquías, en el que prosperan la arbitrariedad y la corrupción, y en que se entregan los recursos del país a capitales monopólicos, sean transnacionales o de (otro) Estado.

¿Tiene consistencia este proyecto de Estado autoritario en el Ecuador? ¿No son más bien el 30-S, la consulta, las maniobras en la Asamblea, la reforma al aparato judicial, las continuas deserciones de Alianza País, reiteradas manifestaciones de la creciente debilidad política del correísmo? Cualquier renovación de la izquierda pasará por la profunda revisión de sus supuestos. Revisión que implica, en gran medida, volver sobre el significado de la “conquista de la democracia”. La democracia social, quizás utópica, es, sin embargo, lo contrario del autoritarismo del Estado, incluso si este aparece como “benefactor” y tibiamente “redistribuidor”.


HOJA DE VIDA
Iván Carvajal

Su experiencia.
  Académico y escritor. Trabaja en la Pontificia Universidad Católica. También escribe artículos de opinión.   

Su punto de vista. Reflexiona sobre los riegos de un modelo autoritario y las debilidades políticas que mostró el Régimen el 30-S.


‘El escenario golpista no se agotó, solo se replegó’


Alexei Páez C. gregorios14@gmail.com


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El gobierno del presidente Rafael Correa, enarbolando las banderas de la revolución ciudadana, llegó al poder por medios electorales legítimos; la fuente democrática e institucional del Gobierno es absolutamente incuestionable.

La crisis económica, especialmente dramatizada en los sucesos previos a la dolarización con  el denominado “feriado bancario”, intentó consagrar la impunidad de las élites financieras que habían gobernado el país, a su gusto y placer, a tono con las indicaciones de los regímenes internacionales, postulantes ideológicos del modelo neoliberal.

El Ecuador del siglo XXI ya no se corresponde con los esquemas analíticos previos. La vieja institucionalidad dominante poco o nada tenía que plantear, salvo la continuidad de los procesos clásicos de dominación, las componendas, el clientelismo, cacicalismo, prebendalismo y depredación concertada por parte de estas élites.

La crisis de los sistemas de representación caducos, manipuladores y depredadores, implicaba la urgencia de recomponer las instituciones,  generar  canales viables y eficientes para afrontar los graves desafíos dejados por las irresponsables y antinacionales élites del pasado.

Los infaustos sucesos del 30 de septiembre fueron  la expresión de un momento crítico: es un punto bisagra que separa netamente un antes y un después.

Las actitudes de la Policía Nacional, grupos sociales organizados, actores políticos relevantes, grandes medios de comunicación, hacen prever que la situación tiende hacia un conflicto creciente, que la turbulencia política y social será una característica del próximo período.   Las pertenencias corporativas  están marcadas por resquemores y fantasías de permanente sospecha.

El intento de disciplinar a las  instituciones nacionales es una de las políticas centrales del  actual Gobierno.   Se suma un elemento de instrumentalización  de la Policía Nacional.

Entre los grupos sociales subalternos,  las concepciones corporativistas, excluyentes, incluso autistas, fundamentalmente  agresivas e instrumentales, operan de manera aún más radical: la continuidad de la cultura política del pasado en dirigencias de los grupos sociales  manifiesta una admirable persistencia: basta con observar las acciones de los dirigentes del MPD  y las declaraciones de Lourdes Tibán.

El escenario golpista que vivimos el nefasto jueves 30 de septiembre del 2010 no se ha agotado; solo  se ha replegado temporalmente.

Una crisis de ese calibre solamente podrá ser conjurada por el proyecto societal, institucional y redistributivo propuesto: Alianza País supo dar cuenta de estas dinámicas centrífugas en torno a una visión incluyente, de cambio estructural en lo económico e institucional en la política,  que tiene que  asentarse en leyes orgánicas y subsidiarias: esqueleto mínimo para una nueva institucionalidad orientada hacia un futuro de mediano y largo plazo.

La acción de los sectores opositores es de boicot, creando fuentes de  dispersión y aniquilamiento de las iniciativas institucionalizadoras. Ello implica asimismo políticas estructurales cuyo orden, articulación, matiz y modulación conjunta obedecen a una situación compleja, donde la oposición se ha  enmascarado en la defensa cínica  de intereses corporativos, en una acción de tipo  acumulativa, secuencial y en red.

Acumulativa, porque las fuentes de tensión se van cargando de posibilidades disruptivas. Secuencial, puesto que estos puntos de conflicto se irían agregando en una escalada que aproveche las interpretaciones perversas que han realizado los grandes medios de comunicación, sumamente poderosos en un proceso de desestabilización potencial.

Es en red porque se presentan las demandas parciales, particularistas, incluso parroquiales de tal manera que permitan confluir a los actores corporativos convocados por este nuevo tipo de golpe de Estado que hemos visto.

De esa manera  los secuestrados son responsables de su secuestro  y se pretende diluir los hechos en  una indeterminación instrumental, interesada y maliciosa por los grandes medios.


HOJA DE VIDA
Alexei Páez
Su experiencia.  Sociólgo y analista político; estudió en Canadá; profesor asociado de la Flacso. Ex asesor del Ministerio de Defensa.    

Su punto de vista. El 30-S hubo un nuevo tipo de golpe de Estado que  las élites y los grandes medios obvian al querer culpar a Correa.






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