A cuatro horas de viaje río arriba desde Calimas, por el Bobonaso, está Sarayaku, una comunidad asentada en el corazón de la selva del Puyo. Allí están asilados Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa.
Los tres fueron condenados a prisión por el delito de calumnia judicial en contra del Primer Mandatario. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares.
“No cometí ningún delito. Esa sentencia es nula, por eso no me siento un fugitivo de la justicia”, dijo Jiménez, exasambleísta por Zamora Chinchipe.
El jueves pasado, en el Séptimo Congreso por el Sumak Kawsay de Sarayaku, al que asistieron los Urakas (jefes) de siete clanes: Shiwa cocha, Sarayakillo, Cali-Cali, Chonta Yacu, Maukallacta, Ushillo Urku y Sarayaku Centro, decidieron protegerlo a él, a Villavicencio y a Figueroa, para evitar que sus órdenes de captura sean ejecutadas.
“Ellos están bajo nuestra protección. Aquí en nuestro territorio ellos son libres, no tienen ninguna condena y eso lo vamos a garantizar”, dijo José Gualinga, presidente de la comunidad. Hasta Sarayacu no pueden ingresar las fuerzas militares y policiales debido a un acuerdo con el Estado, que compromete el respeto al territorio de los nativos.
Tras tomar esta decisión, los controles en Canelos y en el puerto Latasas, donde se toman las lanchas para ingresar a la comunidad, se reforzaron. “Nos requisan las maletas y las mochilas. Eso es hostigamiento”, reclamó Gualinga. Además, el viernes pasado, un helicóptero sobrevoló el río Sayaraquillo.
Luego, en la noche, el mismo helicóptero sobrevoló el centro de la comunidad. Esto se interpretó por los dirigentes comunitarios como una acción de intimidación. “Aquí nunca había pasado eso, los niños se asustaron y toda la comunidad se puso en alerta máxima”, contó Marlon Santi, uno de los líderes comunitarios.
Según él, la razón por la cual la comunidad decidió ampararlos, es que ellos están pasando por lo mismo que el pueblo Sarayaku ya enfrentó. “Nuestro pueblo afrontó un juicio internacional en contra del Estado ecuatoriano por la explotación petrolera. Ellos también son perseguidos por denunciar lo justo, no son delincuentes”, declaró Santi.
En el centro de la comunidad, cerca de 50 nativos uniformados, con los rostros pintados con witu negro (tinta de un árbol), vigilan la seguridad y que ningún extraño a la comunidad se acerque, ante el temor de que investigadores estatales incursionen en el sector.
Ayer, 26 de abril, el presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino que fue transmitido desde Génova, Italia, cuestionó la decisión de los indígenas y dijo que se están “victimizando”. “Ahí están escondidos estos tres tipos, fugitivos de la justicia, y han decidido darles protección; es decir, desafiando todo el Estado de Derecho”.
Bajo este argumento, el Régimen analiza las medidas que se tomarán para capturar a los hombres. “Imagínense si se sienta ese precedente, que cualquier comunidad se considera con la máxima autoridad para desobedecer una sentencia judicial y proteger fugitivos”, critió Correa.
Sin embargo, Villavicencio, Figueroa y Jiménez permanecen en la zona sin contratiempos por el momento.
En contexto
El exasambleísta Cléver Jiménez, su exasesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa permanecen en la comunidad Sarayaku. El Gobiermo criticó la decisión indígena de protegerlos, ya que están condenados a cumplir una condena en prisión.