El relevo de las escoltas policiales de la Asamblea y de la seguridad del presidente Rafael Correa es otra de las consecuencias de la insubordinación de una parte de la Fuerza Pública del jueves pasado.
En el caso de la Legislatura, el cambio fue una solicitud realizada por la vicepresidenta, Irina Cabezas (Alianza País). Ella justificó su medida, luego de que miembros de la Escolta atacaran a sus compañeros de bancada para impedirles el ingreso a las oficinas.
Ayer, miembros de la Policía Militar custodiaron el acceso de personas y funcionarios a la Asamblea. Mientras que varios soldados recorrían el perímetro en tanquetas. También se realizaban operativos en los barrios aledaños a la sede, como El Dorado y La Floresta.A pesar de la vigilancia, la sesión prevista para hoy fue suspendida por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Él también respaldó el relevo de la seguridad policial. “Vamos a reorganizar el resguardo de la Asamblea. porque la seguridad institucional es fundamental para cumplir con nuestras funciones”, sostuvo.
El cambio de la escolta no es la única acción que tomará el bloque de Alianza País. La tarde de ayer, Cordero presentó una demanda en la Fiscalía General para que se investigue a los policías que participaron en los incidentes del jueves pasado.
El titular de la Legislatura dijo que tiene ocho horas de grabación en video de las acciones que hicieron los gendarmes.
En Carondelet, la salida de los policías fue inesperada, pues el presidente Rafael Correa, durante su último enlace, ensalzó su labor en defensa de su integridad el día de la sublevación.
El cabo Carlos Rojano dejó ayer por la mañana el Palacio. Con ayuda de uno de sus compañeros se movilizó por la cochera en una silla de ruedas. Fue herido el jueves. “Estoy orgulloso de haberle salvado la vida al Presidente. Una bala me hirió en la pierna izquierda y me atravesó hasta la derecha, aún me estoy recuperando”.
A su lado, por los pasillos de Carondelet caminaban presurosos otros policías y oficiales que llevaban en sus manos un memorando que ratificaba la decisión de que salieran de la Presidencia.
Esta disposición salió de la Casa Militar, la cual por el Estado de Excepción, está a cargo de la seguridad presidencial y del complejo del Palacio de Carondelet.
