El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner autorizó el 1 de septiembre la publicación, en el Boletín Oficial, del reglamento a la Ley de Medios Audiovisuales.
El texto suma regulaciones sobre los contenidos que podrán difundir los canales de TV y las radios. Y añade medidas que afectarán no solo a los grandes grupos, cuyas licencias quedan expuestas a ser transferidas “de oficio” por el Poder Ejecutivo, sino que también expone a los propietarios de pequeños medios a una mayor injerencia estatal.La Ley de Medios fue sancionada por el Congreso argentino en octubre del año pasado. A raíz de una demanda de la diputada Zulema Daher, la justicia federal de Salta suspendió su total aplicación meses después. Además, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó otro fallo que paralizó la aplicación del artículo 161, que obliga a los grupos de medios a vender varias de sus licencias en el transcurso de un año.
El Gobierno avanzó de todos modos. Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal, dijo que ahora sí “los grupos Clarín y Supercanal deben vender sus licencias en un año”. Diputados de la oposición discreparon de esa visión. Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Fernando Iglesias, Gustavo Ferrari y otros legisladores de esos partidos entendieron que el plazo para vender no corre hasta tanto no se resuelvan los planteamientos judiciales existentes.
La Afsca podrá limitar la transmisión en red de los canales, es decir, fija restricciones para que los canales provinciales incluyan los programas que se emiten desde la ciudad de Buenos Aires.
Además, en esa franja horaria, el canal con asiento en la provincia o en un municipio deberá difundir un noticiero local y otro programa local de 60 minutos, cubriendo dos de las cuatro horas del ‘prime time’ (horario central).
Esto no solo tiene impacto en la programación a la que accederán los ciudadanos de las provincias, que no verán los mismos programas que se emiten en la capital en los horarios centrales, sino que también podría afectarlos en sus posibilidad es comerciales de obtener las pautas publicitarias más redituables, que los canales locales actualmente difunden en los programas nacionales de mayor audiencia.
Y en otro capítulo de la disputa Ejecutivo-medios, también se conoció que la Cámara de Apelaciones de lo Comercial ordenó la remoción de los tres delegados del Estado en la empresa distribuidora Papel Prensa, que ostenta el 27% de las acciones.
También revocó la intervención judicial, ordenada por el juez Eduardo Malde, respondiendo así al recurso que presentaron los diarios Clarín y La Nación, que entendían que los delegados del Estado actuaron en perjuicio de Papel Prensa.