El director de Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, y el asambleísta de los autodenominados rebeldes de Pachakutik, Mario Ruiz, protagonizaron un altercado en el Legislativo. Esto se dio en la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento este lunes 27 de junio de 2022.
El funcionario gubernamental abandonó abruptamente la sesión, en la que mantuvo tensiones con los asambleístas de Pachakutik y el correísmo que controlan esta mesa legislativa.
Cobo se levantó del asiento cuando Ruiz le reprochó de haber acudido “con sus teorías trasnochadas” a la Comisión, al asegurar que la información respecto de la supuesta vinculación del “movimiento guevarista” a la protesta indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene el carácter de reservada.
“A ver, a ver, aquí no me va a venir usted a faltar el respeto”, reaccionó Cobo, mientras Ruiz intervenía por videoconferencia.
“Pido respeto. Estoy dirigiendo la reunión. Estoy dirigiendo la sesión”, le reclamó el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, del grupo de Ruiz. Cobo, quien fue exoficial militar, empuñó unos papeles, se puso de pie y salió de la sala. “Ya di mis argumentos. Me voy”, concluyó.
El funcionario explicó que para clasificar y desclasificar este tipo de información hay un camino legal. El proceso debe ser cumplido por todos, por lo tanto, mientras no se levante dicha reserva no puede dar ninguna información al respecto, informó la Asamblea.
Cobo justificó su decisión en las disposiciones de la Constitución y la Ley, que aluden a la clasificación de la información como reservada y secretísima, plazos y autorización para el levantamiento de este carácter.
Además, señaló que cada tres meses acude a la Comisión de Seguridad para rendir cuentas de su gestión, de manera reservada. En este marco, dijo que no contestará ninguna pregunta de los parlamentarios, porque se acoge a lo que determina la Constitución y la Ley.
Cabascango, Ruiz, la asambleísta correísta Fernanda Astudillo (Unión por la Esperanza, Unes) y Jhonny Tapia (Unes), insistieron al funcionario sobre las competencias de los asambleístas para pedir información e iniciar procesos de fiscalización y control político.
Precisaron que la información calificada como confidencial, reservada, secreta y secretísima debe ser proporcionada bajo prevención de guardar la reserva que la Ley dispone; sin embargo, Cobo abandonó la sesión.
Posibles acciones
Ruiz advirtió que la conducta de Cobo es causal de juicio político. El proceso lo justifican con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa acerca de los enjuiciamientos políticos a los secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministerios coordinadores y demás funcionarios, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas.
La legisladora correísta Paola Cabezas (Unes) señaló que si bien es reprochable la posición de Cobo, al tener limitaciones establecidas en la Ley, cuando se trata de temas de seguridad del Estado, se debió convocar a sesión reservada. Lamentó que un funcionario que maneja información tan sensible e importante para el país no sea sujeto a juicio político. “Ajustémonos a los norma y veamos qué podemos hacer”, dijo.
Fernando Cabascango, titular de la comisión, manifestó que el Ministro del Interior, el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y la Fiscal General del Estado no acudieron a la sesión, pese a que fueron convocados por tercera ocasión.