28 de January de 2012 00:00

La victimación del general Eloy Alfaro y sus tenientes

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El texto que se reproduce a continuación apareció con este título como parte de una publicación del autor en 1960 (‘Estudios históricos’, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana). Este documento también se reproduce íntegramente en los fascículos 8 y 9 de la obra ‘El crimen de El Ejido’, una publicación conjunta de La Universidad Andina Simón Bolívar, la Corporación Editora Nacional y Grupo EL COMERCIO, realizada por un prestigioso grupo de historiadores, cuyo Consejo Editorial está integrado por Enrique Ayala, Jorge Núñez y Luis Mora. Dichos fascículos circularán con la edición de EL COMERCIO los días domingo 5 y domingo 12 febrero de este año.

La acusación del fiscal Pío Jaramillo Alvarado ya había sido publicada por diario EL COMERCIO entre lunes 10 y el jueves 13 de marzo de 1919, bajo el título ‘Los crímenes del 28 de Enero’, a propósito de la presentación de su alegato en esa época, cuyas portadas pueden ser descargadas en formato PDF para su lectura.

Pío Jaramillo reconoce el clima crítico y agresivo que la opinión pública, a través de los periódicos, reflejaba contra el alfarismo, debido a la grave crisis política que vivía el Ecuador en esa época, En su alegato fiscal acusa de cruento crimen del 28 de enero de 1912 al gobierno del encargado del poder, Carlos Freile Zaldumbide.

Señores jurados:

Diversos factores de orden político, social o el simple prejuicio de bandería, han reflejado en el proceso seguido para el esclarecimiento del crimen del 28 de enero de 1912, perpetrado en las personas de los generales Eloy, Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el periodista señor Luciano Coral, las exigencias justas para que haya sanción en nombre de la dignidad del Ecuador, mancillado en su historia por un hecho tan horroroso como la masacre referida, y debo empezar por declarar categóricamente, que las mil páginas del juicio criminal (...) no contienen el cúmulo de pruebas que permitan la imputación perfecta del hecho punible(...).

Desde la muerte del señor Presidente don Emilio Estrada, se sintió en el Ecuador una gran inquietud relativa al problema de la sucesión presidencial. Y si bien, en los primeros momentos nada perturbó el orden público, y las promesas de los dignatarios y altos Jefes del Ejército garantizan la conservación del orden constitucional, luego se empezó a comprobar que germinaba la idea revolucionaria (...). Se exigía una y otra vez el juramento de los servidores del ejército, (...), pero esto no obstó para que en la tarde y noche del 28 de diciembre de 1911, se erigiera en Jefe Supremo de la República el Gral. Pedro J. Montero. Fue la chispa primera, esta inquietud, que se convirtió luego en el gran incendio que desvastó al Ecuador, privándole de millares de brazos para el trabajo, regando con sangre los campos de batalla y obligando al empleo de los caudales públicos en la sofocación de una revuelta inmotivada, y que reviste todos los caracteres de una traición.

El golpe de estado de Montero produjo en esta Capital la indignación, que no podía menos de producir el retorno de la eterna lucha fratricida que tantos daños ha causado al país, a pesar también de los muchos bienes que realizó el alfarismo. Puede aparecer como una verdadera contraposición el mantenimiento de estas ideas, pero así antagónicas expresan esa época caótica, de transición, llena de grandes hechos y de grandes errores, de grandes ideales en bien del país, y de aberraciones que no se compaginan con el afán de progresar que caracterizó a lo que en la historia se llamará el Alfarismo.

El Gobierno provisorio del señor doctor don Carlos Freile Zaldumbide, organizó rápidamente la defensa del orden constitucional, confió la dirección del Ejército (...) al General don Leonidas Plaza Gutiérrez. El cargo de Jefe de Estado Mayor General, fue conferido al señor General don Julio Andrade.

Después, ya no es preciso recordar, (...), la historia de las campañas que tuvieron su culminación con las victorias de Huigra, Naranjito, Yaguachi y la ocupación de Guayaquil; pero sí es preciso decir que en esos campos históricos quedaron algo así como tres mil víctimas; y la miseria y la orfandad en los campos y ciudades, y el odio y el rencor, y el deseo de la venganza, dominando los espíritus; traduciéndose esas pasiones en la demanda enérgica, imperiosa, impostergable del ejemplar castigo a los culpables. En Quito, en Guayaquil y otras ciudades se efectuaban manifestaciones tumultuosas, que indicaban la intención de eliminar a aquellos elementos, que la intensidad de la atmósfera política cargada de muchos desastres y responsabilidades, los sindicaba como los causantes de inquietud para la paz pública.

Mientras se hacía gestiones relacionadas con la ocupación de Guayaquil y la libertad de los prisioneros de guerra (los Alfaro y sus tenientes, ndlr), en esta ciudad crecía la ola enorme de la indignación popular que encontró allanados todos los caminos en la debilidad del Gobierno de Freile Zaldumbide, en el afán de simpatizar con todas las corrientes de la opinión, buenas o malas, de piedad para los vencidos o de dar pábulo a la represalia que se planteó con caracteres precisos, (...), donde solo podía leerse exterminio. En los mitins, en los discursos callejeros, en las manifestaciones gráficas del asesinato en efigies, en los actos, en las palabras, en todo, en fin, flotaba la intención de exterminar a los prisioneros de guerra, intención y actitud política de esos momentos, que se tradujo claramente por los diarios El Comercio, La Prensa y el diario oficial La Constitución.

Y si Alfaro y sus Tenientes fueron convictos de grandes responsabilidades, a la justicia le competía la sanción; y la cultura misma del país obligaba que los procedimientos empleados para castigar el crimen, no se salgan del marco de la ley. Es, pues, el suceso del 28 de enero uno de esos fenómenos de la vida de los pueblos que deja huellas imborrables (...).

¿Por qué no se eligió por lo menos una hora adecuada para el arribo a la ciudad? Llegado que hubo el convoy a Chiriaco, estuvo en la estación con un automóvil el Subsecretario de Guerra y Marina, el Jefe de Zona, y estos señores Alcides Pesantes y Leonardo Fernández, observaron al señor Coronel (Alejandro) Sierra, la conveniencia de refugiar al General Eloy Alfaro en el Cuartel de la Magdalena, para conducirle en hora más oportuna, pues a medio día llegaría el convoy. Pero dicho Coronel se negó rotundamente a aceptar la indicación, y no solamente no la aceptó, sino que en vez de preferir la ruta de la Magdalena, que alejaba más a los prisioneros de la zona poblada, prefirió recorrer la Avenida 24 de Mayo y ascender al Panóptico por la calle de San Roque. Este cambio de ruta obligó también a una variación de la gente armada que se había localizado para la custodia de los presos, y por lo mismo, motivaba esa variación una alarma que debió evitarse.

No obstante estas disposiciones del Coronel Sierra el convoy llegó con los presos sin novedad alguna hasta las puertas del Panóptico, y dentro de él, se procedió a colocar a cada uno en la celdilla .

(...)Las declaraciones de los señores Pesantes y Cabezas, valen, en mi concepto, por todo un proceso para inquirir el estado de ánimo de la población en los momentos que se condujo despiadadamente en pleno día, a los prisioneros, desde la estación del ferrocarril hasta el Panóptico. (...) La excitación popular no debió ser con intento criminal, pues de haber existido, ningún momento más propicio para la victimación de los Generales, cuando éstos se hallaban al alcance de sus manos, en las calles de la ciudad. Por el Coronel Pesantes sabemos que “si bien se hizo a los prisioneros manifestaciones hostiles por parte del pueblo, se pudo garantizar la vida de éstos”.

Hemos contribuido con una documentación auténtica a definir la responsabilidad del Gobierno del señor don Carlos Freile Zaldumbide, en el asesinato del General Eloy Alfaro y sus Tenientes; hemos visto cuál fue la función de esa fuerza sagrada que se llama el Ejército, en este suceso memorable; hemos acumulado la prueba de cuanto se hizo, de cuanto se dijo, de cuanto se inventó para que fuese imposible la salvación de los prisioneros.

(...) Si la excitación popular hubiese tenido un intento criminal, en el momento de la entrada de los prisioneros, el señor Coronel Sierra brindó la oportunidad para el cumplimiento de ese intento; (...) pero este mismo hecho prueba que lo que llaman la masa del pueblo no victimó a los prisioneros. Fue preciso que se les franqueara las puertas del Panóptico, invulnerable a toda prueba; que los soldados, cocheros y algunos fanáticos en religión y política cometieran el asesinato, para que la muchedumbre recibiera con los despojos de las víctimas la participación de infamia que el Gobierno le brindaba. Mi convicción es firmísima. Del asesinato de los prisioneros de guerra en las cárceles del Estado solo es responsable el Gobierno.

Establecidas las responsabilidades del Gobierno y de las agrupaciones políticas; de las autoridades civil, militar y eclesiástica; del pueblo y del Ejército, ha llegado el momento de que, en virtud del conocimiento de todos los antecedentes del crimen, formule la acusación concreta contra las personas sometidas al Tribunal de Jurados.

Y pregunto a mi conciencia, ¿cuál es el grado de responsabilidad de los sindicados José Emilio Suárez, Alejandro Salvador Martínez, Julio Vaca Montaño, María Mónica Constante, Emilia Laso y Silverio Segura, por la participación en el crimen que se juzga, y en cuyo proceso aparecen como los únicos responsables? Y en mi conciencia encuentro la angustia infinita, que reconoce una culpabilidad en los sindicados, pero que, comparada con la culpabilidad del Gobierno del señor Freile Zaldumbide, con la culpabilidad de los que azuzaron la opinión por medio de la prensa de los mitins, de los discursos; con la culpabilidad de cuantos contribuyeron a formar ese ambiente de criminal hostilidad, quisiera tener la palabra de exculpación, (...) quisiera pedir para ellos la palabra de misericordia; pero he venido aquí, en representación de la vindicta pública, tengo ante mis ojos las rígidas prescripciones legales y es un Código el que se enfrenta a mi conciencia, el que pone marco a mis sentimientos, y debo acusar.

He llegado al final del estudio procesal, y al definirlo como lo he hecho, siento en mi alma una profunda convicción del sentimiento de justicia que me ha inspirado. Sin haberme inmiscuido en lo absoluto en la política anterior a 1912, no he tenido prejuicio alguno que hubiese podido extraviar mi criterio. Sin reconocer, como no reconozco, caudillos ni incondicionalidades políticas, he aspirado por mis convicciones liberales, a que defina un Tribunal de Jurados la tremenda responsabilidad que encarna este proceso histórico, y como ecuatoriano solo he pensado, con honda amargura, que si ya no es posible borrar de las páginas de la historia estas manchas que la ensombrecen, estos errores de la política que comprometen la dignidad y el honor del país, que la justicia condene el crimen.

Y por ese mismo amor, por ese mismo sentimiento de cultura, y afán de justicia, mantengo ante la opinión nacional, y acuso ante la historia, la responsabilidad del Gobierno del señor Carlos Freile Zaldumbide, y conjuro ante la faz del mundo al Congreso Nacional que se encargará de formular la acusación definitiva, para que la Corte Suprema diga con su sentencia, que la justicia es inexorable para los grandes, como lo ha sido para los pequeños.

Pío Jaramillo A.
HOJA DE VIDA

Su experiencia. Lojano, nació en 1884. Abogado graduado en 1911, fue profesor del Colegio Mejía y gobernador de Loja en 1913. Entre 1917 y 1919 ocupó la prosecretaría del Congreso.

A partir de ese año, fue agente fiscal . El 6 de marzo de 1919, dentro del proceso penal seguido en Quito contra los autores, cómplices y encubridores del asesinato del general Eloy Alfaro y sus tenientes, acusó públicamente a los miembros del gabinete de Carlos Freire Zaldumbide y a varias personas del bajo pueblo quiteño.

Carlos Freile Z.
HOJA DE VIDA

Su experiencia.  Nació en Quito en 1856. Fue un hombre del alfarismo, senador y  dos veces encargado del poder. Estuvo al frente del Gobierno cuando  Flavio Alfaro y  Pedro J. Montero desconocieron  el poder constituido, tras la muerte de Emilio Estrada. Los rebeldes alentaron el regreso de 

Eloy Alfaro, desde Panamá, como mediador. Se enfrentaron al Ejército en las  sangrientas batallas de Huigra, Yaguachi y Naranjito.  A Carlos Freile la Justicia lo hace responsable del traslado de Alfaro y sus tenientes a Quito y su   masacre. Murió en París en 1926.

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