Las bancadas legislativas improvisaron reuniones en el salón del Pleno, mientras se tramitaban en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior este martes 28 de marzo del 2023. Los propios legisladores reconocieron que había una preocupación: la muerte cruzada.
Se trata de un mecanismo constitucional que le permitiría al presidente Guillermo Lasso disolver a la Asamblea y provocar el adelanto de elecciones generales.
Para el Gobierno es una opción que se mantiene sobre la mesa, aunque el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados consigan un dictamen favorable de la Corte Constitucional para llevarle a Lasso a juicio político.
“Ahorita están preocupados”, dijo Jorge Abedrabbo, de la bancada del PSC. “Adentro créame que están preocupados todos por la muerte cruzada. Lo que se habla adentro no sé si es la estabilidad de ellos o del país”, mencionó.
Viviana Veloz, de la bancada correísta de Unes y proponente del juicio político contra Lasso, aseguró que su bancada “no le tiene miedo a la muerte cruzada” como una salida a la crisis del país.
“Lamento mucho a los asambleístas que tengan temor a ese mecanismo de la muerte cruzada. Nadie puede aferrarse a un cargo, los puestos siempre deben estar a disposición de nuestros mandantes. La Patria necesita recobrar la estabilidad democrática y, por ello, nosotros presentamos esta solicitud de juicio político y esperamos que la Corte emita este dictamen de admisibilidad”, anotó.
Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática (ID), reconoció que es un pedido de la gente que la Asamblea se disuelva y que también el presidente Lasso se vaya. “Hay que ver también de manera responsable lo que se puede venir a futuro, pero en ese momento es lo que pide el pueblo, que todos nos vayamos a la casa”, reconoció.
El coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz, consideró que esa no es una salida a la crisis política porque eso implicaría que Lasso pueda gobernar por decreto durante ocho meses y deshacerse de la oposición política en la Asamblea, lo que provocaría protestas en las calles.
“No estamos de acuerdo nosotros a ir a un escenario de esos, ¿para qué? Para que probablemente en seis u ocho meses quién venga a sentarse en el poder no seamos nosotros, sino un proyecto político que persiguió a los periodistas, insultó a las mujeres”, adujo.
Oficialismo responde
El coordinador del oficialismo, Juan Fernando Flores, aseguró que entre los planes del Gobierno no está la muerte cruzada. “Para nosotros la muerte cruzada es cumplir el capricho de quienes pretenden que adelantemos elecciones y no asumamos las responsabilidades que nos dio el pueblo ecuatoriano a través del voto”, dijo.
Flores aseguró que si el pedido de juicio político pasa de la Asamblea, el presidente Lasso se presentará y se defenderá como corresponde.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reiteró el jueves pasado a EL COMERCIO que nada le impide al Ejecutivo aplicar “la muerte cruzada” como una salida a la crisis política.
“No hay ninguna norma en la Constitución que prohíba que iniciado un proceso de juicio político no se pueda activar una prerrogativa o facultad que está en la Constitución para el Presidente. Si la toma o no, es una valoración de acto político del Gobierno, que solo le corresponde al Primer Mandatario”, puntualizó.
PSC responde a Correa
Mientras tanto, Pachakutik evidenció una “pelea de compadres” en la alianza del correísmo y el PSC que opera en la Asamblea. El presidente y el coordinador de bancada del PSC divulgaron un comunicado en donde rechazaron que el expresidente Correa acuse a tres jueces constitucionales de responder a la lista 6.
“Las personas sin valores creen que todos ‘responden’ a alguien (…). No afirme falsedades Rafael Correa, o ¿está usted tan desesperado como el presidente Lasso”, señalaron. “No es el PSC el que se ha entendido, tras bastidores, con el gobierno en estos dos últimos años”, añadieron.
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