El veto parcial que el Presidente Rafael Correa puso a las reformas al Código de la Democracia despertó preocupación en sus aliados y detractores políticos.
Analistas, activistas y asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición, sostienen que las restricciones propuestas a los medios de comunicación, para la publicación de sus temas durante la campaña electoral, no solo limitará el ejercicio periodístico. También dejarán a los contendores de Correa e incluso a otros candidatos de su movimiento sin espacios mediáticos para promocionarse.
El Ejecutivo propuso en su objeción parcial a la ley que norma los procesos electorales, que durante la campaña no se podrá difundir reportajes que favorezcan a una determinada tesis política o a un candidato. En estas observaciones no se incluyen restricciones a otros espacios mediáticos que sí usa el oficialismo como las cadenas sabatinas, donde durante tres horas el Presidente hace su monólogo político.
“El veto implica poner una mordaza a la prensa”, lo dice el director de Fundamedios, César Ricaurte. Para él, los textos propuestos por Correa son tan abiertos y ambiguos, que un medio no podría publicar sus investigaciones por miedo de ser sancionado. “El veto atenta contra la libertad de expresión e información”.
Para Ricaurte, las reformas electorales, en cambio, dejan abierta una gran cantidad de puertas para que el Gobierno sí haga campaña sin límites.
“La ley electoral es un traje hecho de la medida del Presidente”, lo sostiene la asambleísta de oposición, Cynthia Viteri, quien aduce que las próximas elecciones son claves para que el Gobierno acumule más poder. Por lo tanto, espacios como las cadenas sabatinas, la promoción de obras del Gobierno, las declaraciones políticas y la publicidad estatal serán los instrumentos para una campaña arrasadora y desigual. “Correa tendrá un paraguas mediático”. Viteri se basa en que con les reglas electorales actuales él será el único candidato que podrá hablar en una cadena de medios radiales, escritos y televisivos, durante tres horas, todas las semanas de la campaña.
Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, emplaza al Consejo Nacional Electoral (CNE) a regular la actividad de comunicación del Presidente y de las autoridades que irán a la reelección. Uno de los vocales, Juan Pablo Pozo, dice que luego de que las reformas entren en el Registro Oficial, el CNE, de ser necesario, creará las regulaciones del caso.
El analista en medios Juan Carlos Solines ve al veto como un instrumento que busca corregir las normas que han disgustado al Gobierno. Se refiere a cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó las dos demandas que el oficialismo planteó contra los medios de comunicación en el marco de la última consulta popular. La primera fue presentada por Doris Soliz, quien demandó a diario Hoy con el argumento de que publicó imágenes de personajes históricos con la boca tapada. A su juicio, eso fue publicidad para que los ciudadanos votaran No, en las preguntas de la consulta sobre los medios.
El pleno del TCE calificó de improcedente ese argumento. La presidenta, Ximena Endara, incluso, sostuvo que la acusación de Soliz “no pasa de ser una insinuación que está alejada de la realidad, por cuanto carece de todo sustento probatorio”.
El otro caso fue la demanda contra Vistazo por el editorial ‘Un no rotundo’. El caso fue planteado por cinco organizaciones sociales afines al Régimen. En primera instancia la jueza Endara desechó la denuncia y el presidente Correa la cuestionó públicamente la sentencia.
De allí que con el veto en vigencia, dice Solines, “estas publicaciones podrían ser sancionadas”.
Rechazo en la mesa de Justicia
Las críticas y el rechazo a la intención presidencial de limitar a los medios de comunicación durante el período electoral no se hicieron esperar. La reacción nació de la propia bancada de Alianza País dentro la Comisión de Justicia, que planteó en un inicio la reforma electoral.
En una reunión realizada ayer, con el voto de los seis legisladores de mayoría, la mesa no aceptó dos de los siete puntos del veto del Ejecutivo. Se trata en la propuesta de que durante el período electoral los medios no puedan hacer reportajes que promocionen tesis políticas y en lo referente al acoso político.
La oficialista Gina Godoy, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que en el caso del artículo que prohíbe los reportajes durante el período electoral es una norma que afecta a los legisladores, debido a que no tendrán plataformas para promocionarse. Además sostiene que al no haberse debatido ese punto dentro del Pleno no pudo ser incluido.
Otra de las oficialistas dentro de la Comisión, Marisol Peñafiel, asegura que las restricciones a los medios de comunicación es un error que podría afectar la labor informativa de la prensa durante las elecciones. “No podríamos dar entrevistas en los medios locales, me parece una decisión desatinada”, dijo.
Este informe de la Comisión de Justicia, que no es vinculante, fue remitido al Presidente de la Asamblea quien deberá incluirlo en el orden del día para que el Pleno debata esos puntos. Se necesitan 83 votos para insistir en la propuesta inicial del Pleno.
El escenario para las próximas elecciones
En julio de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá realizar la convocatoria oficial.
En ese mes vencerá el plazo para que las organizaciones políticas se inscriban por ley ante el CNE.
El 20 de enero del 2013 se realizarán las elecciones generales con un presupuesto de USD 86 millones.
El 24 de mayo del 2013 será la posesión de las nuevas autoridades, esa fecha es inamovible.