17 de September de 2010 00:00

El veto a la Ley de Servicio Público va, pero se esperan reformas

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Redacción Política

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Alianza  País intentará una maniobra jurídica para sortear el malestar de los trabajadores públicos. En la reunión entre los asambleístas de la bancada y el Presidente de la República se resolvió allanarse al veto a la Ley de Servicio Público, pero los puntos de mayor conflicto serán mejorados en el Reglamento o en una reforma para esa normativa.

En la víspera,  los legisladores oficialistas anunciaron que insistirán en 32 artículos de la ley aprobada por la Asamblea. Ayer, casi todos los 56 integrantes llegaron a la cita con el   Mandatario en el Palacio de Carondelet.  La mayoría arribó entre las 16:00 y 16:30.  Luego de sesionar  anteanoche  y ayer al mediodía, habían llegado a un consenso: rechazar la propuesta para que los servidores públicos renuncien obligatoriamente a los 65 años y que las indemnizaciones puedan ser pagadas con bonos del Estado.El asambleísta Mauro Andino entró a la reunión confiado de que el Presidente  entendiera  los argumentos que le presentarían. “El pago de los beneficios de la jubilación debe ser en dinero y no en bonos”, afirmó.  

Sin embargo,  Juan Carlos Casinelli, coordinador del bloque, adelantó lo que sucedería. La bancada se allanaría al veto, como había ocurrido con la Ley de Educación Superior y con el Código Territorial.  Eso ocurriría a pesar de las amenazas de los funcionarios públicos de paralizarse a escala nacional. “Siempre y cuando sean hechas con respeto”, dijo el coordinador del bloque.

A la salida del encuentro, 19:00, el anuncio  de Cassinelli se concretó. Su colega Gastón Gagliardo aseguró que acogerán el veto presidencial, pero que realizar algunas reformas a futuro sobre las renuncias, jubilaciones e indemnizaciones del burócratas.

Andino explicó en detalle la propuesta. Se pretende que en el reglamento a la Ley se estipule que los mayores de 65 años reciban sus remuneraciones en efectivo,  mientras que para los menores a esa edad la fórmula sea 50% en efectivo y 50%  en bonos. Y  en la reforma legal, que pudiera presentarse en unos tres meses, se podrán definir otros puntos polémicos, como  conocer qué pasará con la autonomía laboral de Contraloría y  Procuraduría.

Polémica por el Código Territorial

Ayer, el Concejo Metropolitano de Quito apoyó, por unanimidad, el modelo de la gestión municipal que rige en la ciudad. “Desde 1993, con la promulgación de la ley del Distrito Metropolitano, la Municipalidad asumió las competencias de salud, educación, saneamiento, ambiente y tránsito”.

En la reunión de Concejo, el alcalde Augusto Barrera dijo que no caerá en la vieja práctica de la politiquería de confrontación regionalista, sin embargo, defenderá a la ciudad en la búsqueda de su desarrollo.

Eso, en referencia a las declaraciones de Jaime Nebot, quien señaló que los distritos han sido creados para poner tributos a la gente. “Yo no creo que los pueblos se desarrollen sobre la base de la carga tributaria injusta y permanente. Creo en el cobro masivo y justo de los impuestos”.

El Alcalde de Guayaquil hizo esas declaraciones ayer en Teleamazonas, al referirse al Código de Ordenamiento Territorial.

“Los distritos metropolitanos tendrán las mismas facultades que las regiones. Si alguien dice que la región puede hacer loterías, implícitamente está diciendo que el Distrito Metropolitano también”, comentó Nebot.

La Alcaldía de Quito emitirá su posición oficial sobre el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial cuando tenga la ley completa y se analice el veto parcial que hizo el Ejecutivo.

Con el documento completo se analizarán las ventajas y desventajas que tendrá la ciudad.

“En el caso de los aspectos positivos están la ratificación de Quito como Distrito, que dará nuevas facultades y competencias para el fortalecimiento institucional y la constitución de un gobierno regional autónomo”, señaló Barrera.

El Código de Ordenamiento Territorial también detalla las competencias sobre puertos o aeropuertos, que facilitan a los municipios crear las tasas que correspondan.

Además, permite que esos recursos que eran privados pasen a ser públicos. Bajo ese principio, el Concejo Metropolitano fortaleció su competencia sobre el aeropuerto de Tababela.

La Asamblea Nacional aún no se pronuncia sobre el veto enviado por el presidente Correa.

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