20 de January de 2012 00:01

El veto electoral también ejerce su presión en la Función Judicial

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La jueza Ángela Sarmiento pidió al presidente Rafael Correa y al titular del Legislativo, Fernando Cordero, emitir criterios sobre la solicitud de medidas cautelares que la Unión Nacional de Periodistas (UNP) presentó para frenar el veto electoral, que restringe el trabajo de la prensa en campaña.

El pedido de la jueza se dio antes de que ella emitiera un dictamen frente a esa solicitud.

Para el gremio, esta actuación es inaudita y no tiene precedentes en la Justicia ecuatoriana. Por ello pidió a Sarmiento revocar la petición, exigiéndole resolver de forma urgente estas medidas.

Este recurso fue presentado por el titular de la UNP, Vicente Ordóñez, el lunes pasado, para frenar la ejecución de las reformas al Código de la Democracia. Según los demandantes, esta normativa constituye una “amenaza inminente” y tiene como objetivo “violar los derechos de libertad de pensamiento y de opinión, pues impide a los periodistas escribir en los medios de comunicación: reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, bajo el supuesto de incidir a favor o en contra de un determinado candidato”.

Sin embargo, Sarmiento, antes de resolver sobre la solicitud del gremio, pidió que en un plazo de 48 horas, que vence hoy, Correa y Cordero dieran sus puntos de vista sobre esta petición. “Las medidas cautelares buscan precautelar los derechos de las personas que piden los recursos. Además, las actuaciones en este tipo de procesos deben permanecer en reserva hasta que las medidas se ejecuten”, señaló Santiago Guarderas, abogado de la Unión Nacional de Periodistas.

“Jamás a un deudor que se le va a retener el vehículo se le notifica, previamente a decretar el secuestro y se le conceden 48 horas para que se pronuncie sobre el pedido de secuestro, bajo el supuesto de garantizarle el debido proceso”, manifestó Guarderas.

Por ello, el jurista pidió ayer que se revocara de inmediato “la providencia ilícita e ilegalmente dictada”, sobre la consulta al Mandatario y al Presidente del Legislativo, quienes precisamente promovieron las reformas electorales.

“Parece que la jueza está atemorizada. Se están dando largas y se está utilizando un procedimiento que no está previsto en la ley”, manifestó Guarderas.

La jueza Sarmiento evitó hacer comentarios sobre la polémica.

Para el asambleísta independiente Enrique Herrería, “no se puede entender que se consulte a las autoridades del Gobierno, quienes causaron esta gravísima afectación. La jueza tiene la obligación de dictar medidas cautelares sin consultar a nadie”, señaló.

Varias organizaciones han considerado que se quiere “acallar” a la prensa para evitar que la ciudadanía pueda votar en las próximas elecciones, a favor de un candidato de oposición, o que incluso se pueda difundir información que afecte a la imagen del Gobierno. Sin embargo, para el oficialismo no existen argumentos válidos para tratar de frenar las reformas electorales. Aunque prefieren no pronunciarse sobre las decisiones judiciales.

“No creo que hay méritos, pero eso es un criterio particular ciudadano”, sostuvo el primer vicepresidente de la Legislatura, Juan Carlos Cassinelli.

La Aedep se pronuncia

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) presentó un recurso ‘amicus curiae’, para respaldar la solicitud de la UNP para frenar las reformas del Código de la Democracia impuestas a través de la objeción presentada por el Presidente. “La libertad de expresión puede verse vulnerada gravemente a través de decisiones discriminatorias y desiguales del poder público, que favorezcan la existencia de un acceso inequitativo a los medios de comunicación (...).

Los espacios informativos, relacionados a los perfiles de los candidatos a las dignidades públicas, deben estar ligados a normas democráticas e igualitarias y no discriminatorias para que no se impida el ejercicio plural y alternativo del ejercicio al derecho a la libertad de expresión de los pueblos”, expresó Diego Cornejo, director Ejecutivo de la Aedep.

Reformas vs calendario

Según la Constitución, las reformas electorales deben  aprobarse, al menos,   un año  antes de una  elección. Si el calendario  trazado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de transición se mantiene, las reformas electorales que impuso el Ejecutivo, a través de su veto, no entrarían en vigencia.

La razón: ayer era el último día en  que esos cambios debieron   haberse publicado en el Registro Oficial, pues en el calendario inicial,  la primera vuelta electoral sería el 20 de enero del 2013.

Por eso,  el Presidente plantea  al CNE cambiar el calendario, pues  su polémica reforma recién entrará en vigencia el 4 de febrero, por el ministerio de la ley.

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